Empresas denuncian ante la UE discriminación eléctrica

Un ajuste de tarifas en España perjudica a 4.450 compañías

Una decena de organizaciones empresariales catalanas, entre las cuales se encuentra la Cecot, ha interpuesto una denuncia ante la Unión Europea por considerar que las tarifas de peaje eléctricos que hay en España discriminan a las compañías grandes consumidoras de determinadas zonas geográficas, unas 4.450 en total. La infraestructura disponible no es la misma en todas las comunidades autónomas, debido a que los despliegues de las redes fueron distintos, según el momento en que se hizo y la distribuidora que se encargó. Esto ha supuesto que en algunas –Catalunya entre ellas– la factura pueda ser el doble que en otras. En opinión de los afectados, los últimos cambios introducidos empeoran la situación y dificultan todavía más la libre competencia, rompiéndose el criterio de unidad de mercado. Los consideran ayudas de Estado y así lo han planteado a las autoridades comunitarias de competencia.

Las 4.450 empresas perjudicadas están alimentadas por tensiones de hasta 30 kV. De este total, 3.277 están en Catalunya y el resto en Aragón y Extremadura. La tarifa que se les aplica es la 6.1A, que abarca el rango entre 1 kV y 30 kV. La siguiente, más económica, es la 6.1B, entre 30 kV y 36 kV, que está previsto equiparar en el 2018 a la 6.2, aún más barata, según el pacto presupuestario de PP y PNV. Esto beneficiará a 1.250 compañías ubicadas en seis de las 17 comunidades autónomas (790 en el País Vasco, 357 en Andalucía, 42 en Navarra, 33 en Castilla y León, 17 en Cantabria y once en Asturias), que pasarán a pagar lo mismo que las de Madrid, que ya disfrutaban la tarifa más ventajosa.

Los denunciantes sostienen que tomando como base los precios de la electricidad registrados en el 2016, las empresas beneficiadas reducirían el coste del MWh en un 43%, lo que las sitúa en una posición de ventaja que las que gozaban de tarifas más competitivas ya tenían. Las razones para que se tengan que pagar importes distintos no son técnicas, sino políticas, esgrimen los afectados, que reclaman un trato equitativo desde hace dos años, cuando constituyeron la plataforma kV25/30. En este tiempo han dirigido su acción al Gobierno español. Ahora han decidido acudir a las autoridades europeas.

La actuación jurídica ante la dirección general de la Competencia de la Comisión Europea está coordinada por Asun Cirera, la abogada que gestionó la denuncia por ayudas de Estado también en Bruselas relativa a la plataforma gasista Castor. En su opinión, se cumplen los cinco requisitos necesarios para que se acepte y plantee una investigación: debe tener origen de Estado, constituir una ventaja, ser selectiva, afectar a la competencia y a los intercambios entre los estados miembros y, por último, ser incompatible con el mercado único.

Las entidades denunciantes representan a más de 50.000 empresas, de las cuales 500 son industrias usuarias de los servicios de electricidad afectados por estos desequilibrios tarifarios de los sectores textil, metalúrgico, químico, de la madera y la distribución. En todas ellas, el consumo eléctrico tiene un fuerte peso en sus costes de explotación.

Los afectados están en Catalunya, Aragón y Extremadura, y consideran que se están dando ayudas de Estado