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La condena a cadena perpetua por genocidio de Ratko Mladic, y el visto bueno de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela a traspasar al Tribunal Supremo todas las causas judiciales contra el independen­tismo catalán.

EDITORIALE­S

EL militar serbobosni­o Ratko Mladic ha sido condenado por el Tribunal Penal Internacio­nal para la antigua Yugoslavia (TPIY) a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Srebrenica, una ciudad en el este de Bosnia, donde en la guerra de los Balcanes murieron unos 8.000 hombres y niños a manos del ejército serbio en julio de 1995. La sentencia declara que Mladic “compartía la intención” y “el objetivo criminal” de exterminar a los musulmanes bosnios y el presidente del tribunal afirma que los crímenes de Mladic “se encuentran entre los más atroces cometidos por la humanidad”.

Las Naciones Unidas formaron el TPIY en el año 1993 para juzgar a las personas que hubiesen cometidos delitos contra las convencion­es de Ginebra, violacione­s de los acuerdos internacio­nales sobre la guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en la antigua Yugoslavia, así como violacione­s, delitos sexuales y tortura. Durante más de dos décadas el tribunal, que tiene su sede en La Haya, ha procesado a 161 personas, ha escuchado a más de 5.000 testigos y ha celebrado más de 11.000 sesiones. Uno de los condenados a 40 años ha sido el expresiden­te de los serbios de Bosnia, Radovan Karadzic, mientras que otro acusado, el presidente de Serbia, Slobodan Milosevic, murió en la celda en el 2006, poco antes de que los jueces emitieran su veredicto.

El ayer condenado Mladic, al que se le conocía como el carnicero de Bosnia, planeó y ejecutó junto con Karadzic una operación de “limpieza étnica” de musulmanes en Bosnia-Herzegovin­a. Acusado por diversas institucio­nes y personas, el exmilitar no fue detenido hasta el 2011 y entregado al tribunal para ser juzgado por sus atroces acciones durante aquel conflicto en los Balcanes, que costó la vida a más de 100.000 personas.

Tras la condena emitida ayer y una vez cumplida la misión para la que fue creado, se cierra el capítulo del TPIY, aunque alguna de sus instancias permanecer­á abierta hasta que se resuelvan algunos recursos pendientes. Desde el fin de la Primera Guerra Mundial, la comunidad internacio­nal ha pretendido protegerse de quienes violan los derechos de las personas mediante los tribunales internacio­nales.

Hubo muchos intentos de constituir una justicia universal pero no fue hasta 1998 cuando, con el modelo del TPIY o el constituid­o para juzgar crímenes de guerra en Ruanda, y mediante el Estatuto de Roma, se formó el Tribunal Penal Internacio­nal (TPI), también con sede en La Haya, bajo la protección de las Naciones Unidas, con carácter supranacio­nal, autónomo y permanente, y con el objetivo de perseguir y castigar los más graves crímenes cometidos por individuos en contra del derecho internacio­nal y los derechos humanos. No todos los países ratificaro­n el estatuto del TPI, entre otros no lo hicieron EE.UU., Rusia, China, India, Israel, Cuba e Irak, que se resisten a que sus nacionales sean juzgados por organismos supranacio­nales. A pesar de ello, el TPI ha practicado diversas investigac­iones y dictado sentencias referentes a crímenes contra la humanidad en diversos países africanos.

El anhelo de una justicia internacio­nal por encima de los estados y las naciones sigue estando presente en el mundo y el genocidio sentenciad­o por el TPIY es un modelo que seguir y un ejemplo para escenifica­r que esa justicia es posible.

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