Por una campaña sin sobresaltos
CARMEN Lamela, juez de la Audiencia Nacional, remitió anteayer a Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo (TS), un informe de 35 páginas en el que se muestra favorable a acumular todas las causas judiciales contra el independentismo catalán en el TS. Lo hace porque, según dice, todos los líderes secesionistas –incluyendo al cesado president Puigdemont y los exconsellers de su Govern, a la presidenta del Parlament y los miembros independentistas de su Mesa, así como a los líderes de la Assemblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural y al exmayor de los Mossos– formaban parte de una misma “organización criminal” que perseguía la separación de la comunidad autónoma catalana de España. A su entender, coinciden en la causa delitos de sedición, malversación, desobediencia y prevaricación, aunque no el de rebelión, que sí apreció la Fiscalía General del Estado al querellarse contra los encausados.
Este informe contribuirá a materializar la muy probable concentración de causas en el TS, toda vez que este organismo se había mostrado también partidario de ello. Cuando eso se produzca, es probable que en medios independentistas sea bien recibido. Entre otros motivos, porque el magistrado Llarena accedió a prolongar una semana la preparación de las defensas de la presidenta del Parlament y los miembros soberanistas de su Mesa, mientras que la juez Lamela tomó declaración de inmediato a los miembros del Govern destituido y los envió a prisión preventiva, donde siguen.
La campaña autonómica ante el 21-D, que se iniciará entre el 4 y el 5 de diciembre, es la más singular y también la más sensible de cuantas se han celebrado desde el restablecimiento de la Generalitat. En parte porque ha convocado los comicios el Gobierno central, tras aplicar el artículo 155 e intervenir Catalunya. Y, sobre todo, porque podría desarrollarse, al menos parcialmente, con la mayoría de los miembros del Govern depuesto en prisión, incluido el que fue su vicepresidente; y con el que fue su presidente, Carles Puigdemont, y cuatro de sus exconsellers en el exilio bruselense. Así las cosas, sería conveniente que la campaña no se complicara en su transcurso más de lo que ya está. Sería deseable pues que el TS, una vez acumulada la causa, dinamizara su gestión. Y que, siempre que lo permita la ley, propiciara la libertad de los candidatos. Porque todo lo que contribuya a normalizar la campaña electoral favorecerá la serenidad y la reflexión de los votantes. En una coyuntura en que los sentimientos y la pasión están todavía a flor de piel, a veces en detrimento de la razón, es necesario minimizar los sobresaltos.