La presión de los científicos acerca una solución a la precariedad laboral en I+D
El Gobierno prevé contratos indefinidos para el 90% del personal temporal
El 90% de los trabajadores de centros de investigación con contratos temporales tendrán contratos indefinidos, según anunció el lunes en el Senado el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Pero la medida se introducirá en la ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2018, por lo que es posible que llegue tarde para los cientos de trabajadores cuyos contratos temporales se acaban en los próximos meses y para los que aún no se han creado plazas indefinidas
Mientras tanto, la secretaría de Estado de Investigación, que depende del Ministerio de Economía, está trabajando con el Ministerio de Hacienda y con la Abogacía del Estado para buscar soluciones a un problema laboral que amenaza a decenas de grupos de investigación en instituciones de primer nivel como el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).
En una reunión mantenida ayer en Madrid entre la secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, y altos cargos del CNIC y del CNIO, todas las partes coincidieron en la importancia y la urgencia de resolver el problema. Aunque no se aprobó ninguna medida concreta, hay sobre la mesa varias propuestas de soluciones posibles.
A la espera de que se apruebe la ley de Presupuestos de 2018, en una fecha que en estos momentos es una incógnita, se podrían aprobar reales decretos que entrarían en vigor de manera inmediata y que evitarían el desmantelamiento de grupos de investigación.
Se ha llegado a esta situación porque, a raíz de una disposición adicional introducida en la ley de Presupuestos de 2017, desde este año han dejado de renovarse contratos temporales en centros de investigación si se superan los tres años de temporalidad. Se ha roto así una práctica que era habitual en centros de investigación de concatenar contratos temporales durante más de tres años.
Como las medidas de contención presupuestaria impuestas a raíz de la crisis económica no permiten convertir los contratos temporales en indefinidos, personas altamente cualificadas se ven abocadas a abandonar los centros de investigación pese a trabajar en proyectos que disponen de financiación propia, aportada en numerosos casos por la Unión Europea.
Ha sido la presión de la comunidad científica, y en particular de investigadores del CNIC y el CNIO, la que ha hecho aflorar el problema a la luz pública y ha empujado al Gobierno a buscar soluciones. También están siendo decisivas la implicación personal del director general del CNIC, Valentín Fuster, y de la directora del CNIO, María Blasco, en las conversaciones con el Gobierno.
Pero la cuestión no afecta únicamente al CNIC y CNIO –que pueden perder el 13% y el 17% de sus plantillas, respectivamente, hasta marzo–, sino a decenas de centros de investigación de toda España. Entre ellos, las entidades que dependen de fundaciones públicas, lo que incluye a gran parte de los centros de la Generalitat.
El problema ha llegado incluso al Senado, que no suele tratar temas de ciencia. El senador socialista José Martínez Olmos interpeló el lunes al ministro Luis de Guindos “sobre las consecuencias […] de no renovar contratos con decenas de investigadores”. Martínez Olmos reprochó que “el Gobierno del Partido Popular ha castigado duramente el sistema de ciencia e innovación”.
Guindos contestó que “las prioridades del Gobierno a partir de ahora [incluyen] seguir avanzando en la estabilidad laboral de los investigadores”.
La secretaria de Estado Carmen Vela trabaja con el Ministerio de Hacienda y la Abogacía del Estado y para arreglar el problema