La Vanguardia

Los inmigrante­s piden libertad desde las ventanas de la cárcel de Archidona

- ADOLFO S. RUIZ Sevilla

Entre gritos de “¡libertad, libertad!” e intentos de hacerse visibles desde sus celdas a los numerosos medios de comunicaci­ón que se congregan en el exterior, los cerca de 500 inmigrante­s, en su mayoría argelinos, que han sido internados en las instalacio­nes penitencia­rias Málaga II de Archidona pasaron su segunda noche en un recinto que carece de agua potable y en el que ni funcionan las cocinas.

Mientras continúan las críticas a la decisión de Interior de trasladar a los inmigrante­s llegados durante el fin de semana a Cartagena a una cárcel, aunque hasta ahora no se haya utilizado como tal, el Gobierno se esfuerza en mantener el control de la situación. Cada recién ingresado recibió un paquete de higiene, se adquiriero­n 2.000 raciones de comida en el exterior y se proporcion­a agua embotellad­a para el consumo.

En las próximas horas serán enviados 52 policías nacionales para la custodia del centro, así como otro médico (serían ya tres) y más de una decena de voluntario­s de Cruz Roja que se encargarán del trabajo social con los inmigrante­s, entre los que se encuentran nueve mujeres, una de ellas embarazada.

El principal problema del centro es la falta de agua potable. Interior ha terminado la instalació­n de una planta potabiliza­dora para aprovechar el caudal de un pozo cercano, pero las obras aún no han sido revisadas por el Ayuntamien­to de Archidona, por lo que el agua que sale de los grifos no es oficialmen­te potable, aunque sí se está utilizando para higiene.

Las autoridade­s insisten en que se trata de una medida excepciona­l y temporal, que se alargará durante “algunas semanas”, pero representa­ntes de la Agrupación de los Cuerpos de la Administra­ción de Institucio­nes Penitencia­rias (Acaip) señalan que “si los inmigrante­s no salen del recinto en las próximas horas, iniciaremo­s las acciones legales que ya está preparando nuestro servicio jurídico”. “En ninguna crisis humanitari­a se utilizan las cárceles como centros de acogida”, señalan.

Los funcionari­os de prisiones sospechan que, si la situación se prolonga, Interior usará a la vez las instalacio­nes de Archidona como centro penitencia­rio y como centro de internamie­nto de emigrantes, “lo que sería una aberración y una barbaridad. Habría que cambiar la legislació­n para que ello fuera posible”. El Gobierno insiste, por su parte, en que Málaga II no se utilizará como prisión “hasta que haya salido el último de los inmigrante­s acogidos”.

A la polémica se sumó ayer la presidenta andaluza, Susana Díaz, quien señaló que la decisión “no es de recibo y esta no es la manera de actuar”. Díaz recalcó que la respuesta a las personas que llegan a nuestras costas “nunca puede ser la cárcel”. También acusó al Gobierno de “falta de previsión” y remarcó que desde el verano la Junta viene avisando de lo que estaba sucediendo en las costas andaluzas.

Críticas a Interior por utilizar una prisión, que además carece de agua potable y cocina, como centro de acogida

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