Los inmigrantes piden libertad desde las ventanas de la cárcel de Archidona
Entre gritos de “¡libertad, libertad!” e intentos de hacerse visibles desde sus celdas a los numerosos medios de comunicación que se congregan en el exterior, los cerca de 500 inmigrantes, en su mayoría argelinos, que han sido internados en las instalaciones penitenciarias Málaga II de Archidona pasaron su segunda noche en un recinto que carece de agua potable y en el que ni funcionan las cocinas.
Mientras continúan las críticas a la decisión de Interior de trasladar a los inmigrantes llegados durante el fin de semana a Cartagena a una cárcel, aunque hasta ahora no se haya utilizado como tal, el Gobierno se esfuerza en mantener el control de la situación. Cada recién ingresado recibió un paquete de higiene, se adquirieron 2.000 raciones de comida en el exterior y se proporciona agua embotellada para el consumo.
En las próximas horas serán enviados 52 policías nacionales para la custodia del centro, así como otro médico (serían ya tres) y más de una decena de voluntarios de Cruz Roja que se encargarán del trabajo social con los inmigrantes, entre los que se encuentran nueve mujeres, una de ellas embarazada.
El principal problema del centro es la falta de agua potable. Interior ha terminado la instalación de una planta potabilizadora para aprovechar el caudal de un pozo cercano, pero las obras aún no han sido revisadas por el Ayuntamiento de Archidona, por lo que el agua que sale de los grifos no es oficialmente potable, aunque sí se está utilizando para higiene.
Las autoridades insisten en que se trata de una medida excepcional y temporal, que se alargará durante “algunas semanas”, pero representantes de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) señalan que “si los inmigrantes no salen del recinto en las próximas horas, iniciaremos las acciones legales que ya está preparando nuestro servicio jurídico”. “En ninguna crisis humanitaria se utilizan las cárceles como centros de acogida”, señalan.
Los funcionarios de prisiones sospechan que, si la situación se prolonga, Interior usará a la vez las instalaciones de Archidona como centro penitenciario y como centro de internamiento de emigrantes, “lo que sería una aberración y una barbaridad. Habría que cambiar la legislación para que ello fuera posible”. El Gobierno insiste, por su parte, en que Málaga II no se utilizará como prisión “hasta que haya salido el último de los inmigrantes acogidos”.
A la polémica se sumó ayer la presidenta andaluza, Susana Díaz, quien señaló que la decisión “no es de recibo y esta no es la manera de actuar”. Díaz recalcó que la respuesta a las personas que llegan a nuestras costas “nunca puede ser la cárcel”. También acusó al Gobierno de “falta de previsión” y remarcó que desde el verano la Junta viene avisando de lo que estaba sucediendo en las costas andaluzas.
Críticas a Interior por utilizar una prisión, que además carece de agua potable y cocina, como centro de acogida