Prohíben a unos padres sacar a sus dos hijas de España por riesgo de ablación
La Audiencia de Lleida ordena vigilar a las niñas, de 2 y 9 años, vecinas de Cervera
La Audiencia de Lleida ha prohibido la salida de España de dos hermanas, de 9 y 2 años, vecinas de Cervera, al existir sospechas de que sus padres, originarios de Mali, estaban preparando un viaje a su país para someter a las pequeñas a una intervención de mutilación genital. La sentencia ordena que se advierta a ese matrimonio de la “trascendencia y la gravedad de los hechos”. Y añade el fallo judicial: “Si bien para ellos una ablación puede enmarcarse dentro de la tradición cultural, bajo la óptica de nuestro Código Penal esa intervención no deja de ser una mutilación gravemente sancionada e intolerable”. La sección segunda de la Audiencia de Lleida recuerda a esos padres que incumplir esta sentencia acarrearía la comisión de un delito grave.
La sentencia mantiene todo el protocolo montado ya en este caso, cuando saltaron las alarmas. Los servicios sociales deberán continuar con el seguimiento a esta familia e informar de actuaciones que pudiesen poner en riesgo la salud física de las niñas.
La Audiencia de Lleida confirma, con este fallo, una sentencia anterior de un juzgado de Cervera que estableció ya esas mismas premisas y que fue recurrida por los padres de las hermanas. El matrimonio había pedido que no se limitara la libertad de movimientos de las niñas, al mismo tiempo que aseguraron estar en contra de la mutilación genital. La sentencia recuerda, sin embargo, que está probado que la pareja planificó un viaje a Mali meses atrás, con la intención de someter a las niñas a la ablación. Considera, a pesar de las declaraciones de los padres, que ese riesgo no ha desaparecido.
Las pequeñas no podrán salir de España, sin antes obtener un permiso judicial o policial, hasta que cumplan los 18 años. El caso de esa doble ablación programada fue detectado gracias al Protocolo de Actuaciones para Prevenir la Mutilación Genital Femenina (MGF).
Precisamente ayer la directora de la Fundación Wassu UAB, Adriana Kaplan, alertó –sin conocer estos hechos– del riesgo de aplicar este protocolo sólo con demostraciones policiales porque se desvirtúa su cometido principal, que es la prevención desde el ámbito sociosanitario –que comprende el acompañamiento de las familias para evitar las ablaciones– y provoca que los padres dejen a sus hijas en sus países por el temor de no poder viajar durante años.
Debido, probablemente, a este tipo de actuaciones policiales, la población de niñas de países con estas prácticas, ha descendido en el país. En concreto, Kaplan denunció que Catalunya ha registrado un 6% menos de niñas procedentes de países con esta práctica entre el 2012 y el 2016, según el Mapa de Mutilación Genital Femenina 2016 que presentó ayer. “Sospechamos que muchas de estas niñas han sido enviadas a África y no han vuelto”. Esta es una de las hipótesis con las que se trabaja al ver que con la recuperación económica han vuelto niños varones y, en menor medida, niñas.
El mapa recoge que desde el 2012 hay 524 niñas menos de origen de Gambia en Catalunya (un 29,6% menos). Se cree que una parte podría haber obtenido la nacionalidad española, otra parte podría haber emigrado al norte de Europa para trabajar, pero también podrían no haber regresado a Catalunya por temor a que se les retire el pasaporte, se prive de libertad de los padres o se les retire la tutela de las hijas. “Los padres las dejan allí con el riesgo, entonces sí, de que la abuela se las lleve al bosque y las mutilen”, afirma la antropóloga.
Kaplan lamenta que no se cumpla el reglamento correctamente. “El protocolo del 2002, que ni siquiera está evaluado, preveía formar a los profesionales de atención primaria (pediatras, ginecólogos, trabajadores sociales... etc) de forma que se les capacitara para realizar una labor preventiva con las familias”, indica la antropóloga, pero, en cambio, se aplica directamente el nivel dos del protocolo que moviliza a los mossos ante la posibilidad de que la familia viaje a su país.
“No se hace prevención porque no se ha formado a los profesionales que podría trabajar con los padres pero quienes sí parece tener recursos económicos son los Mossos d’Esquadra que han hecho 375 actuaciones desde el año 2008”, manifestó. La paradoja es que esta metodología preventiva en profesionales sociosanitarios se ha difundido en otras comunidades autónomas. “Las familias viajan y regresan con sus niñas intactas”.
La Fundación Wassu UAB denuncia que no se ha formado a los trabajadores sociales y de salud para prevenir