Código Penal y política
La utilización del Código Penal para dirimir cuestiones políticas es la negación de la política. Cuando dos millones de personas demandan soluciones y se les responde con el Código Penal, se puede vivir en democracia y en un Estado de derecho, pero no se hace política. La política es diálogo, negociación, cesión, consenso y pacto.
Pensar que dos millones de personas desaparecerán del mapa con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y con la aplicación del Código Penal a los mandatarios y dirigentes civiles que han llevado hasta las últimas consecuencias sus programas electorales es ilusorio, y no es democrático. Puede ser legal, pero no es democrático.
Un estadista se sienta a la mesa y sólo se levanta cuando se ha encontrado una solución aceptable para las partes. Sólo los mediocres se refugian en el imperio de la ley. Si se quiere construir, no se puede condenar a una minoría a perder siempre todas las votaciones. Se tiene que encontrar una salida. Y el Código Penal no lo es.
Las constituciones son marcos de convivencia y se tienen que adaptar a los tiempos porque los tiempos cambian. Llegados a este punto, ¿por qué la mayoría en España representada en el Congreso se resiste a negociar y reformar la Constitución para encontrar una salida honorable a la demanda que se hace desde Catalunya?
No creo que sea por patriotismo ni por constitucionalismo ni por garantizar la igualdad entre los españoles ni por demos, sino que es más
Necesitamos una salida que no sea la humillación y la venganza; hace falta consenso en Catalunya y excluir la unilateralidad
bien la conservación encarnizada del statu quo que garantiza los privilegios de toda una superestructura de poder que se mantiene en el tiempo y que castiga a todos los pueblos de España a no existir bajo la amenaza del artículo 8 de la Constitución.
Pero estamos donde estamos, con aciertos y desaciertos, y se tiene que encontrar una solución honorable que no pase por la humillación y la venganza. Para conseguirlo, primero se tiene que volver al pacto y al consenso en Catalunya, y se tiene que descartar completamente la unilateralidad. Eso es la antítesis del “tenemos prisa” y del “mambo”, evidentemente.
La vía de la unilateralidad con la esperanza de que el Estado cedería en el último momento ha fracasado. Es una vía que, como algunos no nos hemos cansado de repetir, no se tendría que haber iniciado nunca con los resultados de las elecciones del 27-S del 2015.
A causa de la proclamación de la república el 27 de octubre, los negacionistas de la política y de la plurinacionalidad del Estado han arrasado el autogobierno, han encarcelado a medio ejecutivo, y el otro medio está en Bruselas pendiente de ser extraditado. Este es su imperio de la ley, el imperio de la ley de la antipolítica y de los acosadores.
Las elecciones del 21-D no serán unas elecciones normales, pero sí serán una oportunidad para poder reconstruir puentes, para tener un gobierno efectivo, para poder luchar por la liberación de los presos, para la anulación de las causas judiciales abiertas, para la suspensión del 155 y para establecer los consensos necesarios a nivel de Estado con el objetivo de poder hacer efectivas las demandas de una buena parte de los ciudadanos de Catalunya.