Aprobada la reforma del cupo vasco
AYER se aprobó en el Congreso de los Diputados la ley para la actualización del cupo del País Vasco, algo que no había sucedido en los últimos tres decenios, por desacuerdo entre las partes. El resultado de la votación fue claro –292 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones–, pero se produjo con la firme oposición de Ciudadanos, que presentó una enmienda a la totalidad, y de Compromís. Particularmente vehemente fue la posición del líder naranja, Albert Rivera, que polemizó con Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. Al decir de Rivera, este trato fiscal a medida para el País Vasco y la Comunidad de Navarra, que está amparado por la Constitución de 1978, constituye una muestra de insolidaridad con el resto de España, al no garantizar la igualdad entre los españoles. A su entender, el resultado de este sistema tributario es que la segunda comunidad española por renta per cápita, que podría aportar más, es ante todo receptora.
La oposición de Rivera, sin cuestionar la vigencia constitucional del concierto vasco, vino a romper un tradicional tabú respecto a esta norma, que es de excepción en el ámbito internacional. Hasta ahora, las discrepancias sobre su conveniencia, aunque existen, no han solido saltar al debate político. Ayer, por el contrario, sustanciaron un debate entre Rivera y Montoro, que forzó a este a alguna contorsión argumental.
Tampoco aquí discutiremos, dado su reconocimiento legal, la pertinencia de este singular marco que regula las relaciones financieras entre el País Vasco y el Estado. Pero se dan dos elementos que ayudan a comprender la posición defendida por Rivera. Ambos son, si se quiere, coyunturales. Pero no por ello menos relevantes. El primero tiene un fuerte componente político. A nadie se le oculta que la diligente aprobación de este acuerdo, que contrasta con otros varados en largos trámites parlamentarios, se produce poco antes de que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) confirme su apoyo al Partido Popular (PP) para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. No es de extrañar, por tanto, que afloraran suspicacias relativas a la celeridad con la que el PP ha satisfecho la petición vasca de renovar el cupo por cinco años más. Algunos dirán que es mérito del PNV haber esperado a que sus cinco diputados en el Congreso le fueran necesarios al PP para, así, obtener algo a cambio. Y es cierto que, en la lid política, es legítimo que se aprovechen estas ventanas de oportunidad. Otra cosa es que, estéticamente, tales coincidencias temporales chirríen un poco.
El segundo elemento que ayuda a explicar la vehemencia de Rivera es que en este momento en que el PNV y el PP se han apresurado a firmar su acuerdo abundan las reivindicaciones pendientes sobre financiación de otras comunidades autónomas. Algunas, como por ejemplo la valenciana, atribuyen de antiguo su deuda –la mayor de España en términos relativos– al hecho de que reciben una financiación insuficiente. Por no hablar de la deuda de Catalunya, una comunidad ahora muy marcada por otro tipo de fricciones políticas con el Estado. Dijo ayer el ministro Montoro que ya se trabaja para debatir en el Congreso la reforma del sistema de financiación autonómica, acaso en los primeros meses del próximo año. Pero lo cierto es que, ahora mismo, la renovación del cupo vasco está resuelta, y que las reivindicaciones de otras comunidades no lo están.