El Tribunal de Cuentas detecta bonificaciones irregulares
Más de mil empresas redujeron indebidamente por formación sus cuotas sociales
Al menos 1.064 empresas beneficiarias del sistema de formación para el empleo aplicaron un importe de bonificación en sus cuotas a la Seguridad Social superior a lo que les habían concedido, según explicó ayer el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda.
En su comparecencia en la comisión mixta del Congreso para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda resaltó que estas irregularidades se han supuesto aplicar indebidamente bonificaciones por 4 millones de euros. Y algunas de las empresas, a pesar de no haber devuelto estas cantidades, incluso continuaron beneficiándose de este sistema de incentivos a la formación, según denuncia el informe del Tribunal de Cuentas. “En un caso se emitió acta de liquidación por 1,5 millones de euros, dándose traslado a la fiscalía por si los hechos fueran constitutivos de delito”, señala.
Álvarez de Miranda concluyó que, al fiscalizar a las empresas beneficiarias de estas bonificaciones, han hallado “numerosos incumplimientos” en estos cursos de formación, como la falta de finalización de la formación, el incremento injustificado de los costes facturados o facturas que carecían de los detalles necesarios.
Además, el presidente del Tribunal de Cuentas se quejó de que las acciones formativas desarrolladas por las empresas “responden, en numerosas ocasiones, más a la oferta presentada por las entidades organizadoras de formación que a un estudio previo de las necesidades”.
También criticó que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no había elaborado un informe específico para evaluar el impacto de la formación demandada, dirigida al mantenimiento del empleo o a la mejora de la competitividad de las empresas, ni ha analizado la “eficiencia” de las acciones formativas ni de los recursos económicos y medios empleados. “El porcentaje de actuaciones de control, establecido legalmente en el 5 % de los recursos públicos, se muestra claramente insuficiente”, aseguró Álvarez de Miranda.
Por ello, recomienda al SEPE, con el apoyo de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, revisar las posibles bonificaciones indebidamente aplicadas por las empresas. Álvarez de Miranda aclaró además que no hay peticiones en el ámbito penal y que plantea solo aspectos mejorables.
Por otro lado, el Tribunal de
Abiertas diligencias administrativas por el reparto de fondos entre CEOE, CC.OO. y UGT
Cuentas ha abierto diligencias por irregularidades detectadas en la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. En su fiscalización de las actividades de esta fundación en el 2015 habían acusado a CEOE, CC.OO. y UGT, entonces patronos del organismo, de organizar un reparto previo de sus fondos. Álvarez de Miranda precisó que se están tramitando dichas diligencias y que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han solicitado responsabilidades penales. Por lo tanto, seguirán la vía de responsabilidades contables, pendiente de la eventual devolución de los fondos desde la fundación.
En todo caso, según subrayó Álvarez de Miranda, “sería perfectamente factible” que, en caso de que la citada fundación liquide las ayudas y efectúe los expedientes de devolución pertinentes, los sindicatos y la patronal no tengan que devolver las subvenciones.