El TS marcará la campaña independentista del 21-D
El Alto Tribunal asume la causa del 1-O y decidirá sobre la libertad de los exconsellers La Audiencia Nacional mantiene la investigación sobre Trapero
Inescindible. Esa es la palabra clave para entender por qué el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena decidió ayer unir en una sola causa los dos procesos que se han venido siguiendo sobre el 1-O y la declaración unilateral de independencia (DUI). Inescindible, en su primera acepción, es lo que no se puede separar. Según Llarena, las investigaciones sobre los exmiembros del Govern y sobre los integrantes de la Mesa del Parlament no se pueden dividir porque existe una conexión evidente entre los hechos imputados a unos y los reprochados a otros. Por tanto, del asunto tiene que ocuparse una misma instancia judicial, en este caso la de superior autoridad, el propio Tribunal Supremo.
La decisión del magistrado Llarena era esperada, pero por ello mismo es muy relevante. Esperada, porque a comienzos de la semana pasada ya pidió informes a las partes del proceso sobre la posible unificación de las investigaciones. Sólo la Fiscalía se ha opuesto, y con la boca pequeña. Claramente, el Supremo quería llevar el caso. Y de ahí lo relevante. De lo que se trata es de garantizar que el proceso por el 1-O y la DUI, siendo un caso de cirugía mayor, estará en manos de una clínica especializada. Para el Gobierno, una tranquilidad. Para los acusados, una oportunidad. Similar a la que tuvieron y supieron aprovechar los miembros de la Mesa para salir en libertad.
Nada se consigue, sin embargo, sin algún esfuerzo. De momento, ninguna campana debería sonar. Este proceso es una compleja partida de ajedrez en la que cada movimiento de pieza debe ser realizado y analizado con suma cautela. Y aquí está en juego el tablero entero. El Supremo ya ha hecho su parte avanzando el alfil. Probablemente, lo que espera es que la otra parte no responda con un movimiento de enroque. El Supremo ha encendido una luz. Es seguro que, desde el fondo de sus celdas, los exconsellers encarcelados tienen que haberla visto.
El auto del juez Llarena, en todo caso,noadelantaacontecimientos, aunque permita vislumbrarlos. Llarena sostiene que el Supremo se ha ocupado hasta ahora de este asunto porque la Fiscalía le presentó una querella contra personas aforadas, los miembros de la Mesa. Pero explica que luego ha percibido que entre los hechos que indaga y los que investiga la Audiencia Nacional sobre los exconsellers hay “conexión”. ¿Cómo lo sabe? Primero, porque está en este mundo. Pero procesalmente lo sabe porque así se lo ha manifestado la propia juez Carmen Lamela, que
REPERCUSIONES POLÍTICAS
El cambio de tribunal puede alentar, antes del 21-D, la salida de la cárcel de los exconsellers
lleva el caso de los exconsellers en la Audiencia.
Lamela, en efecto, contestó a la solicitud de información de Llarena sobre el objeto de su causa indicándole que indagaba “la existencia de una compleja y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión de la comunidad autónoma de Catalunya y su
proclamación como República independiente”. Los hechos, por tanto, resultan “plenamente coincidentes” con los descritos en la querella contra los exmiembros de la Mesa, que fue al Supremo porque son aforados.
Ante ello, Llarena subraya que “es doctrina reiterada de esta Sala que la extensión de nuestra competencia a hechos cometidos por personas no aforadas ante el Tribunal Supremo (los exconsellers, por haber perdido su cargo público), solamente será procedente cuando se aprecie una conexión material inescindible con los (hechos) investigados a las personas aforadas”, que en este caso son la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa de la Cámara catalana.
De este modo, quedan bajo el foco 22 personas. Son el expresident Puigdemont y todos los exintegrantes del Govern, más los componentes de la Mesa y también Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y de Òmniu, respectivamente. Todo ello porque el Supremo asume indiciariamente que las actuaciones en favor de la secesión se basaron en un reparto de papeles entre el Govern, el Parlament, y los movimientos ciudadanos y asociaciones coaligadas.
A partir de ahí se traza una línea que deja en manos de la Audiencia Nacional todo lo que se sitúe en un estrato inferior. Por ello la juez Lamela se seguirá ocupando de la investigación relativa al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a la intendente de este cuerpo Teresa Laplana. También tendrá que aclarar la supuesta implicación de terceras personas que, desde distintos ámbitos de la sociedad o la administración catalana, pudieron colaborar con el proyecto de ruptura con España.
La juez aludía en su informe a “un conjunto de personas”, que no identificaba, y que “han colaborado con la organización” en iniciativas varias. Y entre ellas citaba las relativas a “la elaboración de las leyes”, como la del Referéndum o la de Transitoriedad. Aquí se abre un amplio campo de investigación, dentro y fuera del Parlament. También mencionaba a los responsables de las delegaciones de la Generalitat en el extranjero y en general a los del Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya, Diplocat, “encargado de promover en el exterior acciones tendentes a simpatizar con el proyecto secesionista, buscando el reconocimiento internacional y la expansión internacional del conflicto”.
Llarena, en todo caso, no se cierra puerta alguna. Si más adelante ve que conviene llevarse alguna fracción de esta parte al Supremo, lo hará si cree que lo que reclame
LOS OBJETIVOS
Se trata de evitar un macroproceso en el TS, y que la Audiencia pase la espátula por el fondo
también es “inescindible” del resto. De lo que se trata es de que el Supremo no se anegue en un macroproceso ingobernable. Y al tiempo, de que quede en manos de la Audiencia Nacional la posibilidad de pasar la espátula por el fondo del recipiente secesionista, para que ninguna mota de polvo penal escape a su competencia.