Cómo salir de prisión
El traspaso de la causa derivada del 1-O al Tribunal Supremo abre diversos caminos para la excarcelación de los exmiembros del Govern
Con el traspaso de toda la investigación sobre la cúpula del proceso independentista al Tribunal Supremo (TS) se plantea una nueva pregunta del millón. ¿Podrán los exmiembros del Govern recuperar pronto la libertad? Y la cuestión tiene sus inmediatas derivadas, que también cotizan alto. ¿Estarán presentes físicamente en la campaña electoral? ¿O tendrán que dirigirse al electorado desde el patio de la cárcel? Naturalmente, no hay respuestas rotundas y definitivas, aunque sí son posibles aproximaciones e hipótesis fundadas.
La clave para esas respuestas no procede sólo del derecho procesal penal. Su base principal no está ahí, aunque el encaje de bolillos tendrá que hacerlo el Supremo. En este caso, la interpretación del proceso debe acompañarse de la lectura del escenario político. Ningún tribunal vive en una burbuja, y menos la Sala Penal del Alto Tribunal.
El primer elemento de dicha lectura del contexto consiste en constatar que el Gobierno cree que la aplicación del 155 está siendo exitosa. Temía dificultades más o menos graves para el control de la administración autonómica, y no las ha habido. Ante ello, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tuvo que hacer evidentes ejercicios de contención el pasado viernes al responder tras el Consejo de Ministros a una pregunta sobre la posibilidad de que los exconsellers salieran próximamente en libertad, una vez que el Supremo se ha hecho con todo el núcleo del caso del 1-O.
En su corto paseo por el alambre procesal, Catalá dijo que “si cambian las circunstancias”, una vez que el grueso de la causa está en manos del juez Llarena, la situación personal de los investigados también puede variar. Catalá pudo haberse extendido sobre las “circunstancias” que debían cambiar, pero fue aquí donde se contuvo. Obviamente, estas hipótesis tienen su base principal en el precedente que supone la salida con fianza de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Su declaración del pasado día 9 ante el magistrado del Supremo Pablo Llarena, que ahora llevará toda la investigación, puede considerarse en este sentido como una guía práctica para eludir la prisión incondicional. La cuestión es si el exvicepresident, Oriol Junqueras, y los exconsellers estarán a su vez dispuestos a aplicar el mismo manual de respuestas.
En la ocasión precedente, el melón de la libertad con fianza o con medidas cautelares menores lo abrió Ramona Barrufet. Tras su declaración, favorable a la aceptación del marco legal vigente, el juez Llarena quiso dar a todos los demás –para quienes el fiscal pedía prisión– otra oportunidad. Y les concedió una última palabra en la vistilla celebrada para resolver sobre su situación personal.
El Supremo no ha distribuido entre las partes aquellas manifestaciones –ni las ha grabado en imagen– para evitar filtraciones. Pero los implicados en el proceso pueden consultarlas en la sede del Alto Tribunal. En cualquier caso, lo relevante es cómo las recogió y sintetizó el juez Llarena en el auto por el que acordó la fijación de fianzas para los miembros de la Mesa. Todos ellos quedaron en libertad de inmediato, salvo Carme Forcadell, quien pudo hacerlo tras pasar una noche en la cárcel y efectuar el pago de su caución de 150.000 euros, abonada, como el resto, con cargo a la caja de solidaridad de la ANC.
Lo que el juez Llarena expuso en su auto es que los comparecientes manifestaron que “o bien renuncian a la acti- vidad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional ”. Y precisaba que si habían sido “mendaces”, se puede cambiar su situación personal.
Para las defensas, una pregunta esencial es si resulta admisible que la salida de prisión haya de tener un precio, consistente en la aparente abdicación de una parte de ideario sostenido por el independentismo en la legislatura interrumpida por la aplicación del 155. La posición de los investigados no tiene por qué ser uniforme, pero en este asunto el desmarque de uno, o varios, puede influir en el resto. El dilema para las defensas –en ello están– consiste en decidir entre solicitar de inmediato una comparecencia para declarar o esperar a que sea el juez Llarena quien, en su caso, mueva ficha. Puede hacerlo de dos formas. O bien citando a los exconsellers, o bien decidiendo sobre su situación personal a la vista de los recursos que han ido presentando contra la decisión de encarcelarles.
La petición de libertad ya se planteó en la Audiencia Nacional, pero la asunción de todo el proceso por parte del Supremo ofrece a las defensas la oportunidad de reiterarla. De hecho, algunos de los letrados se están planteando acudir hoy mismo ante la Sala Penal con un nuevo escrito para solicitar la excarcelación de los exconsellers.
En este asunto la única parte representada que parece no tener planteado dilema alguno es la Fiscalía. Con la llegada de Julián Sánchez Melgar al puente de mando de los fiscales no va a variar la posición procesal de la acusación pública. La instrucción con la que siempre ha actuado la Fiscalía en este asunto ha sido la de pedir prisión incondicional si los investigados no declaran y asumen el compromiso de renunciar a la vía unilateral, aceptar el 155 y, en definitiva, el marco legal vigente. Según este planteamiento, han de ser los exconsellers quienes, si quieren salir de prisión, tienen que mover pieza. Hasta el momento no lo han hecho en esta dirección. Pero si su voluntad es asegurarse la participación en la campaña electoral, el tiempo apremia.
LA FISCALÍA Los fiscales podrían admitir que salgan los exconsellers, pero si acatan el marco legal
LOS INVESTIGADOS Las defensas debaten si hay que resistir, no declarar y que sea el juez quien decida