Los exconsellers piden la libertad al Supremo y prometen acatar la ley

Todos los encarcelados pactan un texto y se ofrecen a declarar ante el juez Llarena

Las defensas de los exmiembros del Govern presentarán hoy un escrito por el que piden recuperar la libertad para poder participar en la inminente campaña electoral catalana. Asumen la aplicación del 155 –como ya hicieran en sus recursos anteriores– y precisan que con esta aceptación “no renuncian a sus convicciones políticas (...) porque entienden que son legítimas y que la Constitución protege expresamente su derecho a defenderlas”.

Los exmiembros del Govern declaran que “su proyecto político se enmarca en una lectura amplia, progresista y extensiva de la norma fundamental en la que, mediante la negociación y el diálogo, se permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Catalunya”. El escrito subraya también que el hecho de asumir el 155 no supone renuncia “a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas, y trabajaran por un acuerdo” con el expresado fin de que la ciudadanía decida sobre el futuro político de Catalunya.

Los exconsellers manifiestan su disposición a declarar ante el juez del juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, a quien va dirigido el escrito, pero no lo piden expresamente. De hecho, este punto fue muy debatido entre los encarcelados y sus abogados. Hay diferencias de matiz sobre cuál es el límite de las próximas comparecencias ante el juez. Los exmiembros del Govern de ERC son los menos dispuestos a entrar en detalles sobre sus convicciones políticas.

El escrito pone énfasis, en cambio, en la inexistencia de un supuesto riesgo de reiteración delictiva o de fuga. Los investigados alegan que ya han demostrado su sujeción a la justicia al comparecer en la Audiencia Nacional pese al riesgo de ser encarcelados, como sucedió. Subrayan también que pueden demostrar “su profundo arraigo en el territorio nacional”. Y añaden que ya no están en posiciones de poder desde las que reincidir en las conductas objeto de este proceso. “Ante la aprobación de las resoluciones de aplicación del artículo 155 -argumentan–, decidieron abandonar direiteración chas responsabilidades políticas y asumir el reto electoral fijado por el Gobierno de España”.

La inminencia de la campaña es otro dato importante. La tesis de los exconsellers es que su ausencia como candidatos en esta fase limitaría no sólo su s derechos de participación política, sino también los de los ciudadanos, a los que aspiran a representar. Como conclusión, plantean que les une “una evidente voluntad de sometimiento a la jurisdicción al ser dicha candidatura un elemento indiscutible de arraigo”, y que “la asunción de un papel en la escena política, como candidatos, les aleja de cualquier riesgo de reiteración delictiva, al haber abandonado sus actividades como miembros del gobierno cesado”. Subrayan finalmente “la necesidad de tutelar el interés legítimo de que puedan participar en el proceso electoral en libertad”.

Los primeros en dar ayer el paso de dirigirse al Supremo para pedir su libertad fueron los exconsellers Rull y Turull, del PDECat, y el presidente de la ANC, Jordi Sànchez. Los escritos para pedir la libertad fueron finalmente pactados por todos. Y el texto revela que todo el acento se pone en intentar convencer al juez de que no hay riesgo de delictiva, pero sin tener que renunciar a ningún elemento clave del ideario que ha caracterizado la trayectoria política de los exconsellers. Es obvio, en todo caso, que si los exmiembros del Govern declaran, el juez y el fiscal les dirigirán preguntas sobre su compromiso o no de asumir el marco legal vigente. Eso fue lo que sucedió con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y lo que permitió que sólo pasara una noche en prisión.

Durante el fin de semana y la jornada de ayer hubo diversos contactos entre el grupo de letrados que defiende a los exconsellers, y entre estos y dichos abogados. En estos contactos no hubo plena identidad de puntos de vista desde el primer momento porque las opciones de estrategia ante el traslado de la causa al Supremo eran diversas. El interés compartido, en todo caso, era y es el de poder participar directa y personalmente en la campaña electoral. Cabía la posibilidad de esperar a que el juez Llarena tomara la iniciativa y llamara a declarar a los investigados. Pero las defensas no podían tener la seguridad de que lo iba a hacer de manera inmediata. De modo que lo más aconsejable, si no se quería correr el riesgo de perder en todo o en parte la campaña electoral, era actuar sin esperar a que el primer movimiento de pieza viniera del Supremo.

Por otra parte, Instituciones Penitenciarias ha expedientado al líder de la Asamblea Nacional de Catalunya (ANC), Jordi Sànchez, por saltarse el reglamento de la prisión de Soto del Real al camuflar cartas entre sus enseres personales. Las comunicaciones de Jordi Sànchez con el exterior no están intervenidas y puede enviar a sus familiares paquetes con su ropa para que sea lavada fuera de las instalaciones de la cárcel. Fuentes de dicho centro penitenciario informaron que en estos paquetes fue interceptada parte de la correspondencia.

DISCREPANCIAS

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