Duro golpe fiscal a la cultura
LA Agencia Tributaria ha colocado contra las cuerdas a numerosas instituciones culturales catalanas, y a algunas al borde del cierre, al reclamarles el 21% del impuesto sobre el valor añadido (IVA) sobre las subvenciones públicas recibidas en los últimos años. Dicha reclamación, que ocasiona graves daños económicos, resulta sorprendente porque hasta ahora este IVA sobre las subvenciones públicas nunca se había exigido al existir un acuerdo tácito de que no debía abonarse. Es más, dicho pacto se acaba de revalidar legalmente el 9denoviembreconunamodificaciónenlaleydecontratos del sector público. No tiene demasiado sentido, por tanto, que justo ahora se presente una reclamación con efectos retroactivos.
Al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), Hacienda le reclama 1,1 millones de euros por el IVA sobre las subvenciones públicas recibidas los años 2013, 2014 y 2015, a los que se añadirán también probablemente las de los años 2016 y 2017 cuando llegue el momento. Al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) la reclamación de la autoridad fiscal asciende a 1,25 millones de euros. Otros 1,3 millones de euros se le exigen al Teatre Lliure, cuyo director, Lluís Pasqual, ya ha advertido que pagar ese dinero significaría tener que cerrar el teatro. En el caso del festival de artes escénicas Temporada Alta de Girona la reclamación de Hacienda se eleva a 1,4 millones de euros y ello afecta a su viabilidad futura. Al Mercat de les Flors se le demandan cerca del millón de euros. La factura global a la cultura podría llegar a superar los veinticinco millones de euros. Además, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) se le reclaman 167,4 millones de euros. No se conoce el caso de más instituciones afectadas, pero todo indica que la actuación de Hacienda se realiza con carácter general.
Las entidades citadas han anunciado que han presentado, o lo harán en breve, la oportuna reclamación a Hacienda para expresar su disconformidad con las cifras que se les exigen. Pero de momento tienen que pagar o presentar un aval, a menos que soliciten –y les sea concedida– la exención de la garantía. En el caso contrario hay instituciones,comoelTeatreLliure,quenielavalpodríanpresentar.
El cambio de criterio de la Agencia Tributaria con las instituciones culturales catalanas resulta sorprendente, como hemos dicho, y no guarda ninguna coherencia con la actuación seguida hasta ahora. En el mejor de los casos, quizás, cabe atribuirlo a un error o a un exceso de celo de los funcionarios de Hacienda que habría que corregir. De no hacerlo se ocasionará un daño irreversible a la cultura catalana y a algunas de las instituciones que más han hecho por ella.