El IVA vuelve a poner en peligro la cultura

Los museos y centros a los que subvenciona Barcelona podrían pagar hasta 30 millones

Entre 25 y 30 millones de euros. Esa cifra astronómica, desmesurada, es el cálculo de lo que les podría costar tan sólo a las instituciones y consorcios culturales en los que participa el Ayuntamiento de Barcelona tener que pagar el IVA por las subvenciones que han recibido desde 2013 hasta 2016, según explicó ayer el gerente de Cultura del Ayuntamiento, Valentí Oviedo. Un IVA que jamás habían tenido que pagar hasta ahora y que de repente la Agencia Tributaria ha reclamado a algunas de las grandes instituciones culturales catalanas: el festival de Sitges, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Macba o el festival Temporada Alta de Girona, que es de iniciativa privada y que de tener que pagar los 1.400.000 euros que le exige la Agencia Tributaria por las subvenciones de los últimos cuatro ejercicios tendría que tomar decisiones traumáticas –es casi la mitad de su presupuesto– o cerrar. Fue precisamente debido a esa situación de emergencia que el festival Temporada Alta dio la voz de alarma sobre la problemática este sábado. Les va directamente la vida.

Si durante décadas las subvenciones con las que las administraciones públicas ayudan a las instituciones culturales se habían entendido sin IVA –esas subvenciones de hecho tienen que ser justificadas y a ninguna administración le pareció durante todo ese tiempo incorrecto que no pagaran IVA– una sentencia europea del 2014, el caso Le Rayon d’Or, una residencia geriátrica francesa que recibía subvenciones y se vio obligada a pagar el IVA por ellas porque se consideró que repercutían en bajar el precio del servicio–, cambió las cosas. El Tribunal Económico-Administrativo Central la interpretó de una manera que se trasladó a la Agencia Tributaria, que empezó a abrir actas que acabaron siendo generalizadas en el Estado en sectores como las televisiones públicas, los centros de investigación o las grandes empresas de transporte público urbano que reciben subvenciones para cubrir su déficit. Y finalmente se ha empezado a extender también a instituciones culturales, sobre todo catalanas, que, denunció ayer Oviedo, reciben subvenciones no para bajar el precio de las entradas –las de la danza del Mercat de les Flors son equiparables a las del Sadler’s Wells londinenses, afirmó– sino para que estos establecimientos puedan abrir las puertas. “Sin subvención estas instituciones no tendrían precio ni más pequeño ni más alto, simplemente no existirían”, sentenció.

En ese sentido, Antonio DuránSindreu –profesor de la Universitat Pompeu Fabra y cuyo despacho ha gestionado el IVA de las subvenciones en el transporte y la cultura para el Ayuntamiento, la Generalitat, el Àrea Metropolitana de Barcelona o la Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya– defiende que estas subvenciones no tienen ninguna incidencia en el precio sino en una mayor calidad técnica de los espectáculos. “Se ofrece al público a igualdad de precio más calidad, pero no hay menor precio”. Y recuerda que la ley ya acaba de clarificar además que eso era así: el pasado 9 de noviembre apareció en el BOE una aclaración en la nueva ley de contratos del sector público que señala que las instituciones culturales están exentas de pagar IVA por las subvenciones. “Siempre ha sido así y ahora se ha clarificado y esto debe tener un efecto retroactivo”, señala.

Por lo pronto, esa clarificación de la ley –realizada gracias a la presión de los agentes culturales públicos y privados catalanes y con el acuerdo de todos los partidos– impedirá que haya ninguna reclamación de IVA de las subvenciones para los próximos ejercicios y salva, dijo Oviedo, el actual funcionamiento del sistema de financiación cultural, porque de lo contrario habrían tenido que repensarlo al completo. El problema es hacer frente a las reclamaciones que se han producido y a las que se puedan producir por los últimos ejercicios, que podrían sumar entre 25 y 30 millones de euros para todas las instituciones culturales en las que participa el Ayuntamiento. Durán-Sindreu avisa que en “los que ya tenían un expediente abierto, este va a continuar”, y que posiblemente quien solicite devoluciones de IVA de ejercicios anteriores a noviembre del 2017 se enfrentará a la misma situación porque “se va a mantener el criterio”, pero no habrá, cree, “inspección generalizada”.

Y parar todo el asunto, afirma, es “tan sencillo o complicado como que se diga por parte de Hacienda que lo aprobado este 9 de noviembre tiene efectos retroactivos y se acaba”. “Hace falta sólo que el ministro esté convencido y la dirección general de Tributos dicte resolución diciendo que los efectos de la clarificación son retroactivos, no hay que cambiar la ley. Y todos saldrán ganando porque hay un 80% de posibilidades de que los juicios los pierda la administración, juicios de seis a ocho años que afectan a presupuestos públicos y empresas privadas con el riesgo de cerrar”.

Porque si en el caso de las institu-