Revocación
En la mayoría de las ocasiones, las polémicas fiscales consisten en plúmbeas disquisiciones sobre abstrusos conceptos. Sólo cuando acaban convertidas en reclamaciones a ciudadanos, empresas o instituciones reclaman cierta atención de la opinión pública. El IVA de las subvenciones es un buen ejemplo. Según explican los fiscalistas, el kafkiano razonamiento que lleva a que la Agencia Tributaria, Hacienda, acabara reclamándose a sí misma un IVA que antes habría abonado en el momento de entregar la subvención, fue creación de la delegación de Hacienda de Catalunya, siempre muy activa. Luego acabó extendiéndose a toda España.
El hilo argumental parte de considerar que la subvención es el pago por la prestación de un servicio (en forma de bien cultural, social, incluso de servicio como, por ejemplo, en el caso de los Aeropuertos públicos de Catalunya). Eso es lo que el argot fiscal denomina figura impositiva. En la práctica consistía en una pícara manera de conseguir que un gran número de entidades pasaran de obtener devoluciones de IVA (resultado negativo) a pagar, positivo. Todo para elevar la recaudación.
El asunto se arrastra desde hace años y las estrategias que han aplicado los afectados han consistido o bien en pagar (con lo que ahora no tienen ningún asunto pendiente por ese tema con la Agencia Tributaria, o bien pleitear y recurrir (en muchos casos consiguiendo que los tribunales no les obliguen a pagar por adelantado). De todos modos, para los asesores fiscales no es nuevo. En teoría todos los receptores de subvenciones sabían desde hacía años que Hacienda estaba pasando el rastrillo. Si a alguien le han pillado en falso, es que no está bien asesorado.
Como que el asunto de reclamarse a sí mismo no tiene mucho sentido, el 9 de noviembre el BOE publicó una modificación de la ley de Contratos Públicos que exime a las entidades culturales de ese IVA. Pero claro, la Agencia Tributaria dice que no actúa retroactivamente. Queda el recurso de la revocación, es decir, que Hacienda reconozca que el espíritu del legislador era precisamente evitar la reclamación y se dé carpetazo al asunto.