Bruselas sospecha del plan de ayudas al carbón
La CE podría reclamar la devolución de 440 millones
El futuro del carbón en España pinta desde ayer un poco más negro. La Comisión Europea ha abierto una investigación por ayudas de Estado a España por el plan de subvenciones puesto en marcha en el 2007 y por el que, hasta la fecha, catorce centrales eléctricas a carbón han recibido 440 millones de euros. El plan iba a estar en vigor hasta el 2020 pero si el ejecutivo comunitario podría declararlo ilegal y reclamar a las empresas la devolución de las ayudas, más intereses, si concluye que es contrario a las normas europeas de la Competencia.
Bruselas sólo descubrió su existencia hace unos meses en el marco de otra investigación sobre los mecanismos de apoyo al sector. El motivo por el que se otorgan las ayudas hizo saltar todas las alarmas. El plan incentiva la instalación de filtros de óxido de azufre de reducción de emisiones con 8.750 euros por megavatio al año a las centrales de carbón. Su efecto sobre el medio ambiente habría sido nulo, según la Comisión Europea, pues no ayudaba a ir más allá de lo establecido sino simplemente a cumplir los límites legales. Estos “incentivos medioambientales”, como los denomina la legislación española, quebrarían el principio de que “el que contamina, paga” que ayer reivindicó la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager. “Las normas sobre ayudas de Estado de la UE no permiten a los estados miembros liberar a las empresas de sus responsabilidades (medioambientales) utilizando dinero público del contribuyente”, recalcó Vestager.
“Los estados miembros no pueden conceder ayudas estatales a empresas para que cumplan con las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente”, recuerda la Comisión Europea en un contundente comunicado. Estos mecanismos darían a las centrales españolas “una ventaja comparativa desleal respecto a otras formas de producción de electricidad” y las basadas en el carbón en otros países de la UE.
El Gobierno no notificó en su día la puesta en marcha del sistema porque, sostiene, no consideró que supusiera una ayuda de Estado. El expediente comunitario llega en plena pugna entre el Ministerio de Energía que dirige Álvaro Nadal y la empresa Iberdrola, que pretende cerrar dos centrales eléctricas de carbón.
Por otro lado, la Comisión Europea ha solicitado la imposición de una multa diaria a España de 105.991 euros por cada día de retraso para reformar la ley hipotecaria, informa Europa Press. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto legislativo el pasado 3 de noviembre, después de dos años de amonestaciones desde Bruselas, que en mayo dejó de contentarse con el argumento de que no había habido Gobierno durante 12 meses en España y elevó el caso al Tribunal de Justicia de la UE. El ejecutivo español confía en que la nueva ley hipotecaria, que pretende ponerse en línea con la legislación europea sobre gastos y transparencia, sea aprobada rápidamente y se pueda evitar sanciones.
Bruselas pide imponer a España una multa diaria de 105.000 euros por no adaptar la ley hipotecaria