El Supremo investigará a más miembros de ERC y la CUP
El juez solicita un informe a la Guardia Civil sobre el comité estratégico del 1-O Las nuevas indagaciones podrían afectar a Marta Rovira y Anna Gabriel Los pasos del juez revelan que ya se centra en la supuesta rebelión
La campaña no pasaba por la rambla Aragó de Lleida, pero la entrada de madrugada de la Guardia Civil en el Museu Diocesà la convirtió en el escenario del día. La orden judicial que ponía en marcha el traslado de piezas al monasterio de Villanueva de Sijena no es el fin de un conflicto que dura décadas sobre la propiedad de las obras, pero la decisión de enviar a una decena de vehículos de la Benemérita a las tres y media de la mañana, en plena campaña, evidencia que los tribunales han renunciado a su tradicional discreción mientras los procesos electorales están en marcha.
La Audiencia de Huesca dio el paso de madrugada. El Tribunal Supremo esperó hasta pasado el mediodía. Convertido en sombra del antiguo Govern, sus altos cargos y dirigentes del PDECat y ERC, el magistrado Pablo Llarena puso ayer en marcha la maquinaria judicial para apuntalar la causa contra los responsables del referéndum del 1 de octubre, el paro del día 3, la declaración de independencia del 27 y el paro del 8 de noviembre.
Las investigaciones que llevaba a cabo el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona recogen informes detallados de la Guardia Civil sobre lo que los agentes denominan “comité estratégico” del proceso que ponen ahora a nuevos nombres en el punto de mira del Supremo. Marta Rovira es una de ellos, pero también Artur Mas, o antiguos miembros del Govern que dejaron sus cargos por no compartir la estrategia que se llevaba a cabo, como Neus Munté o Joan Vidal de Siurana y, por primera vez, diputados de la CUP, como Anna Gabriel o Benet Salellas. La libreta Moleskine de Josep Maria Jové, ex secretario general de Economia, no sólo pone caras al carrusel de reuniones paralelas al Consell Executiu en el que se gestaba el camino hacia la independencia, sino que también plasma el viraje en el posicionamiento de algunos de sus protagonistas.
Las dos decisiones judiciales condicionaron ayer la campaña de los independentistas aunque en sentidos inversos. ERC, Junts per Catalunya y la CUP se pusieron en marcha de madrugada camino a Lleida con el argumentario contra el Gobierno central y los partidos que apoyaron la intervención de la Generalitat por la vía del artículo 155 de la Constitución.
El conflicto de los bienes de Sijena había unido a casi todos los partidos en el Parlament, que aprobó hace un año una resolución para defender la conservación en el Museu de Lleida y en el MNAC las obras procedentes del monasterio oscense. La resolución la firmaron Junts pel Sí, el PSC, los comunes, la CUP y hasta el PP, mientras en Ciudadanos, que se abstuvo, culpaban a los grupos no independentistas de mantener un doble discurso a un lado y otro del Ebro. La disputa entre los gobiernos de la Generalitat y de Aragón fue víctima del proceso, pero también de la falta de diálogo institucional durante años. Se abortaron los intentos de un acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno de Aragón, y en la vía judicial hasta uno de los abogados del Ejecutivo catalán se encontró con las cuatro ruedas del coche pinchadas al salir del juzgado de Huesca.
Pero es que no ha habido contacto ni entre miembros del mismo partido. El alcalde de Lleida, Àngel Ros, del PSC, confesaba ayer mismo que no había hablado con el presidente maño, Javier Lambán, del PSOE. Lambán irá hoy a Villanueva de Sijena para ver 43 de las 44 piezas reclamadas (un lienzo del siglo XVIII no se ha encontrado en el museo de Lleida) y celebrar su triunfo. Mientras, Ros fue recibido con abucheos en las puertas del museo por las decenas de manifestantes congregados, mientras Joan Tardà calificaba de “atropello”, “vergüenza” y acto de “humillación” hacia los catalanes. El mismo discurso desplegaron Mireia Boya, de la CUP, y Laura Borràs, de JxCat.
Los socialistas suman una de cal y otra de arena en Lleida. El domingo, Miquel Iceta y Pedro Sánchez llenaron el teatro del Escorxador y ayer fueron el blanco de todas las críticas. El candidato socialista exhibió cintura política: “Uno se puede leer los decretos del Gobierno tras el 155 y Sijena, arte o
Lleida no salen, no tiene que ver una cosa con otra”.
Más contención hubo sobre el alcance de la investigación del Supremo. En el bloque constitucionalista porque no va con ellos y en el independentista porque las imputaciones pueden estar al caer. Más aún entre los republicanos, justo el día en que Oriol Junqueras pedía por escrito al magistrado autorización para participar en la campaña electoral con una alegación de lo más nítida: “La realidad es que el escenario político actual es el de acatamiento del 155 de la Constitución, el de sometimiento a un proceso electoral, el del cese del
CONFLICTO ENQUISTADO
Durante el proceso, a un letrado del Govern le pincharon las ruedas en el juzgado de Huesca
EL PAPEL DEL PSC
Iceta triunfó con Sánchez el domingo, ayer Ros era abucheado en el Museu de Lleida
MACROCAUSA
El juez también pide información sobre los Comités de Defensa de la República
RELACIÓN TENSA
“¿No sabéis hacerlo todo? ¡Hacedlo!”, soltó un alto cargo; Jové anotó: “¿Venganza?”
gobierno de la Generalitat y el de la propuesta (...) de escenarios de diálogo y resolución bilateral de conflictos políticos”.
El juez Llarena persigue a los responsables de actuaciones “tendentes a lograr la independencia de la comunidad autónoma de Catalunya” entre CDC y su partido sucesor, el PDECat; ERC, la CUP, Òmnium, la ANC y la AMI, pero también sobre las actuaciones de los Comités de Defensa de la República y sus responsables, a pesar de que su constitución es de base asamblearia. La investigación busca apuntalar la acusación de rebelión y sedición al pedir información a la Guardia Civil sobre iniciativas concertadas entre el Govern, los partidos y las entidades, pero también sobre campañas de publicidad y hasta sobre los “posicionamientos” de los miembros del denominado “comité estratégico”.
La evolución de las posiciones la recogió el propio Jové: en febrero del 2016 Puigdemont recordaba la necesidad de contar con un 50% de apoyos para que la comunidad internacional apoyara el proceso soberanista, mientras que siete meses después anotaba que Puigdemont “no parará”. Recorrido inverso hizo Mas. En febrero del año pasado defendía la importancia de la ruptura ante la imposibilidad de “tenerlo todo preparado”, mientras en los últimos meses se posición contra la declaración unilateral de independencia. Las reuniones consignadas también revelan las dudas sobre el éxito de un referéndum unilateral, sobre las garantías de la desconexión, pero también, sobre la dura convivencia entre PDECat y ERC.
Una reunión sobre presupuestos arrancó hablando de impuestos y acabó con una disputa sobre el referéndum todavía sin fecha: “¿No lo sabéis hacer todo? ¡Hacedlo!”. “¿Dolido? ¿Venganza? ¿No quiere que lo consigamos?”, anotó Jové.