May mantiene la ambigüedad sobre el valor legal de lo pactado con la UE
La premier insiste en que “no hay nada acordado hasta que todo esté acordado”
Lo que ha habido hasta ahora ha sido una simple escaramuza. La auténtica “guerra del Brexit” no ha hecho más que empezar, y es como esos circos de tres pistas que ideó el legendario empresario del espectáculo Phineas Taylor Barnum. En una va a pelear Theresa May con la Unión Europea, en otra con la oposición laborista, y en la tercera con su propio partido.
De las tres batallas, esta última es la primera que se tiene que resolver, porque Bruselas ha informado de que no puede empezar a hablar del futuro tratado comercial hasta que el Gobierno de Londres decida qué es lo que quiere. Y por el momento sigue dividido entre los partidarios de un Brexit duro y un Brexit blando, con la línea oficial de que el Reino Unido aspira a un pacto hecho a medida, con las ventajas del mercado único pero sin libertad de movimiento de trabajadores. Algo que la UE ha repetido una y otra vez que es sencillamente imposible.
La primera ministra compareció ayer ante la Cámara de los Comunes para explicar a los diputados lo que acordó el viernes por la mañana en Bruselas, en medio de la cacofonía de las distintas interpretaciones de los propios miembros de su gabinete sobre si tiene valor legal o es una mera declaración de intenciones. May dijo que significa un “firme compromiso” por parte de su administración, pero que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. O sea, que subsiste una considerable ambigüedad.
Dublín y Bruselas no ven las cosas de la misma manera, y dicen que obligarán a los británicos a respetar los términos del acuerdo de divorcio para empezar a hablar de comercio. A no ser, claro, que Theresa May o quien la suceda decidan marcharse dando un portazo (como abogan los partidarios más duros del Brexit) y someterse a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, por mucho que la economía salga perjudicada a corto plazo.
“El compromiso de la semana pasada es una buena noticia para todo el mundo, para los partidarios de salir y de quedarse en la Unión Europea –señaló May en su intervención en los Comunes–. Una nueva sensación de optimismo impera en las conversaciones, y ahora se trata de conseguir un pacto comercial que tenga en cuenta nuestras necesidades concretas y responda a ellas”. O sea, que incluya el sector financiero, clave para la economía nacional.
Tan sólo dos días después del compromiso en Bruselas, el ministro del Brexit, David Davis, sembró la duda al declarar en la BBC que Londres sólo pagará la factura del divorcio si obtiene un acuerdo comercial satisfactorio, y que el prometido “alineamiento regulatorio” entre el Ulster y la República de Irlanda se halla también sujeto al resultado final. Ayer se vio forzado a matizar esos comentarios, y aclarar
A Londres le gustaría un pacto de libre comercio como el de Canadá, pero ampliado a los servicios financieros
que “existe un compromiso firme por parte de Gran Bretaña”, aunque no una obligación legal. El canciller del Exchequer, Philip Hammond, le respondió: “Sería impensable e impropio de un país como el nuestro dar marcha atrás”.
El martes que viene May presidirá una reunión del gabinete dirigida a empezar a buscar un consenso sobre el tipo de Brexit que negociar con Bruselas, con los ministros divididos entres quienes desean una fórmula parecida a la noruega, con un amplio alineamiento regulatorio que permitiría bastante acceso al mercado único, y los que aspiran a un pacto comercial como el de Canadá, que minimiza las tarifas, pero ampliado al sector de los servicios. El Labour, por su parte, no descarta un segundo referéndum y propone “una aproximación lo más estrecha posible a lo que hay ahora”.
En cualquiera de los casos, el Reino Unido habría de adoptar o imitar la legislación de la Unión Europea en cuestiones como el medio ambiente, la sanidad alimentaria, la agricultura, la ganadería y la energía, y renunciar a cualquier tipo de ayudas sectoriales que le dieran una ventaja competitiva respecto a los 27. Varios países han informado ya a Bruselas de que no aceptarán ningún acuerdo con los británicos más beneficioso de los que ellos tienen. Y que en caso de que lo haya, exigirán el mismo trato de favor.