El TS amplía la investigación del 1-O a Marta Rovira y miembros de la CUP
Llarena pide datos sobre el comité estratégico que formaban partidos y entidades
Una vez tomadas las primeras decisiones sobre la situación personal de los hasta ahora investigados por el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia (DUI), el juez del Supremo Pablo Llarena ha empezado su labor de investigación propiamente dicha. Para ello dictó ayer una providencia en la que transmite diversas órdenes a la Guardia Civil, con un doble objetivo. Primero, individualizar las responsabilidades que podrían corresponder a cada implicado en tales hechos. Y, segundo, abrir el abanico de las indagaciones, con la finalidad de aclarar si hay que ampliar la lista de investigados, porque hubiera otras personas que hubiesen tenido una función clave en la estrategia puesta en marcha para conseguir la secesión de Catalunya.
Aunque la providencia de Llarena no las menciona por su nombre, esta decisión puede implicar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la dirigente de la CUP Anna Gabriel, en función del papel desempeñado por ambas durante el proceso soberanista. De esta posibilidad se venía hablando desde hace algún tiempo, pero ahora ha tomado cuerpo a la vista del nuevo paso del juez. Llarena ha pedido a la Guardia Civil un informe específico sobre la tarea desarrollada por el comité estratégico al que se alude en el documento EnfoCats, hallado en el registro del domicilio de Josep Maria Jové, ex número dos del exvicepresident del Govern Oriol Junqueras.
De este comité formaban parte el cesado president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el propio Junqueras, junto a Artur Mas y Marta Pascal (PDECat), Marta Rovira (ERC), JordiTurull y Lluís Corominas, como portavoces de Junts pel Sí, y Anna Gabriel y Mireia Boya, como portavoz y presidenta de la CUP, respectivamente, así como Jordí Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium), y Neus Lloveras, presidenta de la Asociació de Municipis per la Independència (AMI).
El magistrado encarga a la Guardia Civil que elabore un informe que “recoja el posicionamiento evidenciado por los distintos encausados y por el resto de integrantes del comité estratégico definido en el documento EnfoCats, respecto de la generalidad de los episodios violentos acaecidos desde el 20 de septiembre en Catalunya, una vez estos habían ya acaecido, siendo conocidos y notorios”. Llarena
Los informes pedidos por el juez revelan que ya entra de lleno en la fase de investigación de la supuesta rebelión
subraya que pide que el informe se asiente “sobre bases objetivas”. Es decir, que se le expongan hechos, no valoraciones.
Claramente, el objetivo del juez es definir responsabilidades. Los recursos de las defensas están incidiendo en que las acusaciones de rebelión son muy genéricas y no concretan la conducta que se reprocha a cada uno de los investigados. Se diría que Llarena se dispone a hacerlo. Y para ello encarga otra decena de informes a la Guardia Civil, con el fin de aclarar desde el posible uso de fondos públicos durante el proceso soberanista, hasta lo ocurrido en diversas fechas clave, como las del 20 y 21 de septiembre, 1 de octubre y los días en que fueron convocadas huelgas, 3 de octubre y 8 de noviembre.
El juez también pide datos sobre “la existencia de un eventual concierto inicial” entre los partidos y entidades mencionadas. Y solicita detalles sobre si todos ellos “impulsaron, sostuvieron o conocieron sin alterar después sus planes, la realización de movilizaciones sociales como un instrumento para lograr o facilitar la declaración de independencia de Catalunya”.