El Tribunal de Cuentas embarga a Mas su casa por el 9-N
La medida, de carácter preventivo, también afecta a los otros excargos condenados
El Tribunal de Cuentas procedió ayer a embargar de forma preventiva bienes inmuebles de Artur Mas, tres exconsellers y un ex alto cargo por el 9-N.
El Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo preventivo de varios inmuebles pertenecientes, respectivamente, al expresident de la Generalitat Artur Mas, a las exconselleres Joana Ortega e Irene Rigau, al exportavoz del PDECat Francesc Homs, y al exsenador Jordi Vilajoana, a resultas del expediente abierto por su supuesta responsabilidad contable en el uso de dinero público para organizar y llevar a cabo la consulta del 9-N. Los citados bienes fueron aportados por los propios interesados como parte de la fianza que les fue exigida por el Tribunal de Cuentas, en la investigación preliminar que se lleva a cabo sobre los recursos con que fue financiada la mencionada iniciativa.
La caución reclamada fue de 5,25 millones de euros. En sucesivos plazos, los investigados depositaron en el Tribunal de Cuentas un total de 2,8 millones de euros. La diferencia entre ambas cantidades –2,45 millones– es la que queda cubierta ahora con el embargo acordado. Esta medida implica que los propietarios de los bienes no pueden disponer sobre la titularidad de los inmuebles y fincas embargados. Es decir, los tienen trabados mientras dure la medida preventiva, a resultas del final que tenga el expediente que ahora se tramita. Pero no han dejado de ser sus legítimos propietarios. De la situación de embargo queda, en todo caso, nota registral.
Los bienes afectados fueron puestos a disposición del Tribunal de Cuentas por los propios interesados en noviembre pasado. En las mismas fechas se iniciaron los trámites correspondientes comprobando la situación de tales propiedades. Una vez verificada la titularidad, se ha procedido al embargo, en cantidades proporcionales a la responsabilidad atribuida a cada uno de los excargos públicos mencionados. Ellos mismos, por otra parte, solicitaron y obtuvieron del Tribunal de Cuentas que los inmuebles y fincas afectadas por el embargo lo fueran en la cantidad aproximada correspondiente a la valoración atribuida a los ordenadores utilizados para la organización y desarrollo de la consulta del 9-N. El resto del dinero es el que se ha puesto a disposición del Tribunal de Cuentas en efectivo. ¿Por qué? La razón forma parte de una estrategia de defensa, ejercida por el letrado Rafael Entrena.
La defensa, en efecto, niega que exista responsabilidad contable alguna por parte de los investigados. Pero en lo que menos la acepta es en lo relativo al precio atribuido a los citados ordenadores. Y ello por cuanto siguen en uso en dependencias y servicios de la Generalitat. Es decir, en ningún caso puede decirse que fueran adquiridos expresa y únicamente para la organización del 9-N, sino que forman parte de los bienes a disposición de la administración pública catalana.
Las propiedades objeto del embargo son el domicilio de Mas en la calle Tuset de Barcelona, la mitad de un inmueble de Homs en Taradell (Barcelona) y de las fincas de Ortega en Barcelona y de Rigau en Ribes de Fresser, además de otro bien correspondiente a Vilajoana. El expediente entra ahora en su fase decisiva, que llevará al establecimiento o no de responsabilidad contable de los excargos públicos citados por la organización del 9-N.
La medida acordada es provisional hasta que concluya el expediente abierto a los investigados