La polémica reforma judicial de Varsovia agudiza la crisis con la UE
El largo pulso entre Varsovia y la Comisión Europea, que acusa al Gobierno polaco de poner en peligro el Estado de derecho con algunas de sus reformas, podría desembocar la próxima semana en una decisión sin precedentes: la activación del artículo 7 del tratado de la Unión y la puesta en marcha de un procedimiento que, en última instancia, podría retirar el derecho de voto de este país en el Consejo.
El nuevo primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha tratado de convencer estos días a los líderes europeos en Bruselas de que la reforma judicial criticada por la Comisión Europea y la comisión de Venecia (Consejo de Europa) es del todo compatible con los valores europeos. Los cambios legales llevan aparcados desde julio después de que el presidente, Andrzej Duda, se negara a firmarlos en su versión inicial pero el Gobierno ha retomado la reforma, que podría aprobarse en los próximos días.
La decisión sobre Polonia figura en el orden del día de la reunión del colegio de comisarios europeos del próximo miércoles, que en julio ya le advirtió que de seguir adelante propondría a los gobiernos activar el artículo 7 del tratado, conocido como el botón nuclear de la UE por sus potenciales efectos políticos. Su presidente, Jean-Claude Juncker, siempre se ha mostrado escéptico sobre las posibilidades de que una medida tan extrema vaya a ayudar a resolver la situación, pero se ha visto obligado a llegar a este punto ante el fracaso de todos los intentos de diálogo con el Gobierno polaco, de signo conservador y ultranacionalista.
La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se mostraron ayer esperanzados en que el nuevo primer ministro polaco reconsidere su decisión pero advirtieron que respaldan plenamente la decisión que pueda tomar la Comisión Europea. Macron dijo tener la “percepción” de que Morawieck –como él, un exbanquero de perfil cosmopolita– reconsiderará su postura, pero Merkel se mostró más escéptica y advirtió que no habría complacencia alguna si el Gobierno polaco sigue adelante.
El artículo 7 prevé un primer paso en que el Consejo (los gobiernos) envía una advertencia al país en cuestión alertando del riesgo de que pueda estar violando los principios del Estado de derecho. Esta decisión sólo requiere el voto a favor de una mayoría de países y se aprobaría sin problemas. La decisión de retirar el derecho de voto, sin embargo, precisa de la unanimidad de los Veintiocho y Varsovia siempre ha confiado en que Budapest impondrá su veto.
El Parlamento polaco ha aprobado dos leyes la semana pasada que afectan al funcionamiento del Tribunal Supremo y el Consejo Judicial Nacional, el organismo encargado de nombrar los jueces. La reforma otorga el pleno control de ambas instituciones al partido en el poder (PiS, Ley y Justicia), que la plantea como una forma de acabar con la herencia comunista en el sistema judicial. Las leyes están pendientes de ser aprobadas por el Senado y de recibir la firma del presidente. “Los estados soberanos –y Europa debe ser un club de estados soberanos– tienen pleno derecho a reformar sus sistemas judiciales”, ha reivindicado en Bruselas el primer ministro polaco, que también
Bruselas amenaza con retirar a Polonia su derecho de voto por poner en peligro el Estado de derecho
se ha embarcado en una polémica reforma electoral.
La Comisión Europea sopesa lanzar un procedimiento escrito que se activaría pasada su reunión del miércoles si Varsovia sigue adelante con las reformas en los días siguientes, aprovechando las vacaciones de Navidad.