Foment dice que sólo la inestabilidad política empaña la recuperación
La patronal catalana Foment del Treball pidió ayer a los partidos políticos catalanes que, tras los comicios del 21 de diciembre, sean capaces de formar un Govern que proporcione “estabilidad política y seguridad jurídica”, y que esté dispuesto a abrir un diálogo “sincero” con el Gobierno central. Para su presidente, Joaquim Gay de Montellà, sólo la incertidumbre política empaña el gran momento de la economía. “Hay que aprovechar esta gran oportunidad”, dijo, tras señalar las buenas expectativas de la economía mundial, con previsiones de crecimiento sólido en EE.UU., China y también Europa, incluida España.
Gay de Montellà explicó que la primera parte de este año 2017 se ha caracterizado por un “crecimiento muy intenso” de Catalunya y España que hacía pensar en acabar el año con un incremento del PIB superior al 3%. Pero lamentó que la segunda parte del año se haya visto marcada por la crisis política en Catalunya.
“Si no son capaces de llegar a acuerdos de gobierno, para qué queremos a los partidos políticos”, se preguntó antes de alertar de el riesgo de una alternativa autoritaria. Según Gay de Montellà, las más de 3.000 empresas que han desplazado su sede fuera de Catalunya, no lo han hecho ni por problemas salariales, fiscales o de falta de infraestructuras, sino por “inseguridad jurídica”. Por eso, enfatizó que el nuevo Govern que surja de las urnas debe apostar por “diálogo, negociación y pacto”. Y señaló que “al margen de las orientaciones o sentimientos independentistas se actúe en el marco de la legalidad, la Constitución y el ordenamiento europeo”. Añadió que se ha perdido algún “proyecto importante”, en referencia a la Agencia Europea del Medicamento, pero subrayó que hay otros de gran importancia que pueden venir a Catalunya.
Preguntado acerca de los dirigentes independentistas que se encuentran actualmente en la cárcel, Gay de Montellà dijo que su posición es de “respeto” a “los procesos judiciales” y a la “legalidad”. Pero también admitió que la aplicación del artículo 155 sólo puede contemplarse como una medida “excepcional”.