La CNMC lleva al Supremo a Energía por quitarle funciones
El supervisor también censura el plan de Fomento para acotar los VTC
El enfrentamiento entre el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debido a la asunción por parte del primero de funciones que antes correspondían a la segunda ha llegado a los tribunales. El organismo que preside José María Marín Quemada ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en el Supremo contra el real decreto, aprobado el pasado octubre, por el que el departamento que dirige el ministro Álvaro Nadal se encargará, entre otras atribuciones, de las inspecciones y liquidaciones del sistema eléctrico y el control de operaciones y la aprobación de tarifas y precios de productos energéticos, peajes y cánones, que determinan parte de la factura que pagan los consumidores.
El recurrido real decreto 903/2017 desarrolla adaptaciones en la estructura organizativa del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que en algunos puntos afectan a funciones que antes desempeñaba la CNMC. El asunto llega al Supremo después de que el ministerio desatendiera al requerimiento del supervisor para que modificara los apartados más controvertidos. En septiembre del 2016, la CE abrió un procedimiento sancionador a España, todavía abierto, relacionado con algunas de estas competencias. El Gobierno español ha planteado a Bruselas un modelo similar al francés en el que el supervisor, en este caso la CNMC, se encargaría de fijar los peajes siguiendo las directrices de la política energética del Ejecutivo. Competencia, por el contrario, considera que con su actuación defiende el papel que deben tener los supervisores independientes según los preceptos comunitarios.
La CNMC mantiene otro contencioso con el Gobierno –con el Ministerio de Fomento– a raíz del conflicto que enfrenta al taxi con los VTC. El supervisor ha emitido, según informó ayer, un informe que censura la nueva regulación, en tramitación mediante un real decreto, que busca acotar la actividad de los vehículos de alquiler con conductor, muchos de ellos intermediados por plataformas como Uber y Cabify y que los taxistas consideran intrusivos. Sus medidas más destacadas –la prohibición de venta de licencias en los dos primeros años después de su primera expedición y la obligación de comunicar los trayectos que realicen a las comunidades autónomas– restringen, según la CNMC, la competencia. Son a su juicio, “injustificadas” y “desproporcionadas”.
No es la primera vez que la CNMC actúa contra la regulación del Gobierno en el ámbito de los VTC. Ya había censurado la actual legislación –la ley de Ordenación del Transporte Terrestre, del 2013, y el reglamento que la desarrolla, del 2015– por considerar que contiene elementos que merman la competencia. En este sentido, presentó este verano un recurso ante el Supremo porque Fomento no atendió el requerimiento que le hizo en su día para que eliminara las barreras que, en su opinión, van en contra del libre mercado. Estos elementos son, precisamente, los que están en el centro del conflicto: la ratio máxima de que haya una licencia VTC por cada 30 de taxi, la obligación que tienen los vehículos de alquiler con conductor de contratar previamente el servicio en vez de poder buscar clientes circulando por las calles y la restricción de operar fuera de la comunidad autónoma en que se ha concedido el permiso, permitiendo como máximo un 20% de los trayectos.
La patronal Unauto VTC aplaudió ayer este informe de la CNMC. Su presidente, Eduardo Martín, manifestó que “no existe ninguna justificación (para la nueva regulación que prepara Fomento) más allá de ceder al chantaje del taxi, se trata de un ejercicio legislativo único en el mundo en el que un competidor regula al otro en beneficio propio”. En cambio, la principal organización de taxistas, Fedetaxi, cargó contra Competencia por el, a su juicio, “continuo acoso” que ejerce contra el gremio. En un comunicado, la asociación lamentó que este organismo “tome partido” por un modelo de negocio que “practica la elusión fiscal y precariza las condiciones de trabajo” y “dé un paso más en su batalla por desmantelar el servicio público del taxi y entregarlo en bandeja a multinacionales como Uber y Cabify”.
En ambos contenciosos, el Gobierno ha desatendido los requerimientos de Competencia