El Constitucional frena al Gobierno

Los magistrados han suspendido la tramitación de recursos contra la Generalitat mientras el 155 esté en vigor

El Tribunal Constitucional (TC) ha frenado en seco todos los contenciosos entre el Gobierno y la Generalitat en los que la administración catalana tenía que efectuar algún tipo de alegaciones. El motivo es evitar que el Ejecutivo pueda disponer de su actual condición de gestor de las instituciones de Catalunya para jugar un doble papel y renunciar, por ejemplo, al mantenimiento de impugnaciones formuladas en su día por el cesado Govern.

Cabría pensar que la prudencia del Gobierno hacía innecesaria esta precaución. Pero el TC ha querido anticiparse a todo posible conflicto futuro, y curarse en salud. Y ya son ocho los asuntos en los que el TC ha echado el freno para detener su tramitación e impedir que el Gobierno formule alegaciones en su papel de administración transitoria de la Generalitat. En cambio, fallará pronto sobre otro caso en materia de urbanismo en el que ambas partes habían formulado ya sus alegaciones antes de que las instituciones catalanas fueran intervenidas.

La conveniencia de parar todos los recursos que estén aún en fase de tramitación fue analizada por el Constitucional en noviembre pasado. Los magistrados solicitaron entonces que la secretaría técnica de la institución analizara la situación originada por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el que ha permitido la intervención de la Generalitat. Y se le pidió un informe sobre las medidas más convenientes para hacer frente a hipotéticas complicaciones. La idea, sobre todo, era evitar los problemas que la administración provisional de las instituciones catalanas pudiera representar para los procesos seguidos ante el Constitucional.

En dicho informe, la secretaría técnica del Constitucional recomendó que en relación con los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno, se acordara suspender los plazos legales para que la Generalitat formule alegaciones. Las impugnaciones, en suma, quedan paralizadas, a la espera de que, en una nueva situación de normalidad institucional, la Generalitat diga si se opone o no a los planteamientos del Ejecutivo, y cuáles son sus razones para ello.

El motivo de esta cautela es obvio. En la actual situación, Gobierno y Generalitat están en las mismas manos. Cuando recurre una norma, el Ejecutivo ya se está pronunciando sobre la supuesta inconstitucionalidad de los preceptos que impugna. Si al otro lado de la balanza no hay una contraparte, sino el mismo poder con otro ropaje, ¿qué sentido tiene mantener viva la disputa? Lo que ha decidido el Constitucional no es archivarla ni enterrarla, sino introducirla en la nevera y dejarla en una especie de hibernación jurídica.

Por esta vía, han quedado entre paréntesis, por un período ahora indefinido, los recursos del Gobierno contra las normas aprobadas por la Generalitat en materia de comercio, servicios y ferias, agencia de ciberseguridad, transporte de viajeros, cambio climático, medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión, así como otras impugnaciones sobre la prevista agencia catalana de protección social, la nueva legislación sobre voluntades digitales y de modificación de normas de derecho civil, y finalmente la regulación de las asociaciones de consumidores de cannabis. Se trata, en suma, de una larga lista de materias en las que había disputas competenciales y cuya paralización incide claramente de forma negativa sobre los respectivos sectores afectados.

Quizá lo peor es eso, el tiempo que se pierde. Pero lo positivo es que el paréntesis abierto impide una falsa resolución de los recursos, como la que podría derivarse de dar todos estos conflictos por ficticiamente concluidos.

Cabría preguntarse si otro tipo de problemas, como el de la disputa en torno a los bienes de Sijena, hubiera podido resolverse de modo parecido. Pero el Gobierno ha considerado que en dicho asunto existía ya una sentencia judicial firme. El Constitucional, a su vez, ha preferido en lo que le compete esperar a una vuelta a la normalidad democrática tras las elecciones convocadas en Catalunya.