Interior vigilará coches y pisos de alquiler frente al yihadismo
Nuevas medidas a la luz de los atentados de Barcelona y Cambrils
Tras los atentados de Barcelona y Cambrils el Ministerio del Interior anuncia una nueva hoja de ruta para mejorar la lucha antiyihadista que pasa por un refuerzo de la ley de Seguridad Ciudadana –conocida como la ley mor
daza– y un paquete de medidas legislativas que permitirán controlar el alquiler de pisos y vehículos a motor y mejorar la supervisión de la distribución de bombonas de butano.
Lo explicó ayer el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en una reunión del pacto Antiyihadista que se gestó con polémica por la exclusión en primer término de aquellas formaciones que acuden en calidad de oyentes pero no son firmantes del citado pacto. Es el caso de Unidos Podemos, así como el PNV, ERC y PDECat. Finalmente, la sangre no llegó al río, Interior modificó la convocatoria. Podemos acudió a la reunión, no así los grupos nacionalistas.
Zoido, tras el informe de la investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils, enumeró las once medidas que deben adoptarse a la luz de ambos siniestros.
De este plan destaca la sexta pro- puesta, un real decreto que establezca nuevas “obligaciones de registro documental de las personas físicas y jurídicas que ejerzan actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor”, identificando los nuevos modos de operar de las células yihadistas.
En idéntico sentido y también a raíz de lo investigado en los atentados del pasado agosto, la medida número 11 de las presentadas ayer por Zoido consiste en impulsar, a través del Ministerio de Industria y Energía, una modificación del reglamento que regula “la distribución de gases licuados de petróleo”, es decir, de las bombonas de butano, de las que se encontró un centenar en la vivienda de la célula de Alcanar.
La dificultad para controlar la actividad de imanes musulmanes radicalizados figura entre las preocupaciones prioritarias de Interior, y aunque no se han especificado en qué consistirán, el paquete incluye en tal sentido modificaciones relativas a los ministros de culto de las confesiones inscritas en el registro de entidades religiosas.
El Gobierno quiere además acelerar la armonización de algunas normas europeas como la directiva PNR (que atañe al registro de pasajeros de avión), las de precursores de explosivos y de drogas, pero también una nueva ley de Extranjería cuyo objetivo es evitar que se repitan casos como el del imán de Ripoll, que no pudo ser repatriado y que fue el cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrils. El Ejecutivo quiere elaborar una nueva ley General Penitenciaria, pero tampoco anticipó Zoido cuáles serán sus novedades.
Antes de anunciar las medidas, el director del Centro de Inteligencia con el terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), José Luis Olivera, dio cuenta a los asistentes de un informe que repasa el estado de la investigación de los atentados de agosto en Catalunya que costaron la vida a 16 personas. Zoido explicó, tras la reunión, que durante el encuentro no se habló de los contactos que el CNI estableció con el imán de Ripoll, cerebro de la célula de Alcanar, y que tampoco se han aportado datos nuevos toda vez el caso sigue bajo secreto de sumario.
Los grupos asistentes valoraron con prudencia y aprecio la iniciativa de Juan Ignacio Zoido de acudir a la mesa con un avance de sus propuestas de lucha antiyihadista, así como la rectificación de su actitud hacia los grupos no firmantes del pacto, a los que ayer pedía que fueran más proactivos y abandonaran su mera condición de oyentes. Ni Adriana Lastra, del PSOE, ni Rafael Mayoral, de Unidos Podemos, ni Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, quisieron anticipar su posición respecto a un plan que el Gobierno pretende desplegar sobre todo mediante decretos ley, y aún advirtiendo que “no estamos dispuestos a firmar cualquier cosa” (Lastra dixit), tampoco prejuzgaron su oposición a ninguna medida.
Zoido quiere afinar el control de los imanes y cambiar la ‘ley mordaza’, de Extranjería y Penitenciaria