Sobre la corrupción política
En España se ha producido “la captura del Estado por los grandes grupos económicos” y “las élites se han atrincherado dentro del Estado hasta convertirlo en baluarte de sus intereses”. Estas contundentes afirmaciones no han salido de la boca de ningún político durante la última campaña electoral, sino que han sido pronunciadas por prestigiosos especialistas en el I Congreso de Historia de la Corrupción Política en la España Contemporánea, celebrado en Barcelona los días 14 y 15 de este mes. Fue un encuentro interdisciplinario –historiadores, politólogos, economistas, penalistas, etcétera– dedicado a poner en común los conocimientos que uno tiene sobre este preocupante fenómeno.
Aunque no faltó la comparación con los análisis de los historiadores europeos, el objeto esencial del encuentro era el estudio de las prácticas corruptoras en España desde los inicios del liberalismo –en las Cortes de Cádiz ya se denunciaron– hasta la actualidad, pasando por el régimen de notables y caciques del siglo XIX y las dos dictaduras del siglo XX. La diagnosis sobre la situación actual no fue optimista: si bien no se puede decir que esté generalizada, la corrupción es sistémica en algunos sectores, como la contratación pública –que significa un tercio de las condenas judiciales–, el urbanismo y la concesión de subvenciones. Y como es bastante sabido, la mayor parte de los recursos sustraídos por procedimientos corruptos van destinados a la financiación de los partidos políticos. La debilidad de los mecanismos de control de la actuación de políticos y funcionarios, y la escasa exigencia de dar cuentas de la gestión, permite que la corrupción hoy se localice sobre todo en el ámbito local –41% de las denuncias–, autonómico –4%– y estatal –27%–, aunque por su volumen económico es mucho mayor en esta última administración.
En el congreso se analizaron las estrategias corruptoras de diferentes grupos económicos –desde la Banca Rothschild a Juan March, pasando por las Minas del Rif–, y también la implicación de los monarcas en prácticas corruptas –Fernando VII, la regente María Cristina de Nápoles, Isabel II y Alfonso XIII–. En la sesión de clausura Angel Viñas denunció la corrupción sistémica del régimen franquista y dio datos sobre la fortuna acumulada por el dictador y los procedimientos que utilizó.
También se debatió sobre la historia de la persecución penal de la corrupción y las di- ficultades que siempre han existido para convertir en delitos los abusos de políticos y funcionarios. Se analizaron las trabas puestas en la persecución y condena de los corruptos y de los corruptores, a causa del escaso interés de los gobernantes por establecer una justicia rápida y eficaz. En este terreno, es significativa la tendencia de los políticos a hablar mucho más de administración de justicia que de poder judicial, hecho revelador de las apetencias de influir en su funcionamiento, buscando dificultar su independencia.
Fueron ilustrativos los datos aportados por Manuel Villoria sobre la relación entre la desafección de los españoles hacia el actual sistema democrático y la sensación de corrupción generalizada. En sólo 10 años la satisfacción política –la confianza en las Cortes, el Gobierno y las instituciones– ha bajado en España más de 30 puntos, situándose muy por debajo de la media de la Unión Europea. La actual percepción ciudadana es que en España la corrupción es muy alta: en el año 2017 así lo valoraba el 94% de los españoles, cuando la media europea es del 68%. Esta gran diferencia es resultado del sentimiento mayoritario del gran incremento de la desigualdad social a causa de las políticas anticrisis económica, de la protección gubernamental a los intereses bancarios y de la ampliación de la corrupción. No nos debemos extrañar de estas percepciones si resulta que gobierna España el partido que está involucrado en más casos de corrupción de toda Europa.
Los debates interdisciplinarios permitieron detectar cuestiones que requerirían respuestas bien argumentadas: ¿hasta qué punto la corrupción ha sido un elemento que ha dificultado la democratización española? ¿Qué ha supuesto para el actual régimen democrático el hecho de que durante la transición no se exigieran responsabilidades a los políticos, funcionarios, jueces y empresarios corruptos? ¿Cuáles han sido los costes económicos de la corrupción? ¿Ha significado un factor de retraso al mermar considerables recursos públicos? ¿Podemos hablar de la existencia de un neocaciquismo a nivel local configurado en torno a la corrupción? ¿Hay en la sociedad española una cultura de tolerancia con la corrupción? ¿Por qué la denuncia y la condena penal no siempre castigan electoralmente a los políticos corruptos?
Como se puede ver, los especialistas tenemos todavía mucho que investigar y que debatir. Pero si se quiere acabar realmente con esta lacra tan arraigada y nociva este es un reto que afecta al conjunto de la ciudadanía.
En España la corrupción es sistémica en sectores como la contratación pública, concesión de subvenciones y urbanismo