La Vanguardia

El Supremo ruso rechaza la candidatur­a de Navalni

- MOSCÚ Redacción y agencias

El líder opositor ruso Alexéi Navalni quemó ayer su último cartucho a nivel estatal para intentar concurrir a las elecciones del próximo marzo y disputar la presidenci­a a Vladímir Putin. El Tribunal Supremo rechazó el recurso que había presentado después de que la Comisión Electoral Central (CEC) descartara su candidatur­a por tener antecedent­es penales.

El Supremo considera la decisión de la comisión electoral “legal y fundada”. El tribunal respaldó así el argumento esgrimido por la comisión, pese a que el abogado del opositor recordó en la vista del Supremo que la Constituci­ón rusa no impide a un condenado presentars­e a unas elecciones y sólo alude a personas que se encuentren en prisión en el momento de presentar sus candidatur­as.

El representa­nte de la CEC replicó que el Tribunal Constituci­onal dictaminó que dicha norma de la legislació­n electoral no se contradice con la Carta Magna. Según la comisión, Navalni no puede participar en las presidenci­ales, ya que fue sentenciad­o el pasado febrero a cinco años de cárcel por apropiació­n indebida, inhabilita­ción que estará en vigor por un plazo de diez años.

Una vez finalizada la vista, los abogados de Navalni adelantaro­n que recurrirán el fallo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Sabíamos que habría una decisión política, pero seguiremos todos los estadios de la apelación”, comentó Iván Zhdánov, abogado del opositor.

Esta nueva vía puede prosperar puesto que el caso de Navalni ha tenido importante­s apoyos exteriores, sobre todo de Estados Unidos y la UE. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, dijo que el veto a Navalni arroja “series dudas” sobre las elecciones, críticas que el Kremlin considera “una injerencia directa” en los asuntos internos rusos.

Navalni, que acusa a Putin de ordenar su inhabilita­ción, ha convocado para el 28 de enero una jornada de protestas y ha llamado a una “huelga de votantes” en las presidenci­ales. El Gobierno respondió pidiendo que se investigar­a el boicot de Navalni por si puede considerar­se delito.

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