El año de las banderas
El Estado ha mostrado su fuerza; el soberanismo ha evitado la humillación Se abre un tiempo más espeso en Catalunya: independentismo sin independencia La dramatización de la crisis catalana imprime un giro a la derecha a la política española
El año que hoy concluye se resume en España con la imagen de miles de banderas en los balcones. Estelades, senyeres y banderas españolas en los balcones de media Catalunya. Banderas de la España constitucional en todas las ciudades y pueblos de España, con especial presencia en los barrios de las clases medias tradicionales. Dos orgullos frente a frente. El año de las banderas.
Dos orgullos frente a frente, pero uno más poderoso que el otro al final del día. Un antiguo embajador de Portugal en Madrid, Jose Tadeu da Costa Soares, diplomático con experiencia en la ONU y China, un hombre muy viajado, un día lo resumió de manera genial, pidiendo prudencia en el uso de la fuente. Creo que ha pasado suficiente tiempo como para poder desvelar su diagnóstico: “Le he dado muchas vueltas a lo de España y Catalunya. Creo que estamos ante una lucha, quizá irresoluble, entre la soberbia y la vanidad. A los portugueses no nos interesa mucho ese enfrentamiento. Tenga presente que a lo largo del siglo XX, el poder español se planteó en tres ocasiones la invasión de Portugal.
Alfonso XIII no soportó la temprana proclamación de la República portuguesa en 1910, con la consiguiente salida de los Braganza.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Franco sugirió a
Hitler la anexión de Portugal ante los equilibrismos de Oliveira
Salazar con los ingleses. En 1974, inmediatamente después de la revolución de los claveles, Henry Kissinger ordenó sondear a Carlos Arias Navarro sobre una posible intervención militar española en el Portugal revolucionario, plan que algunos herederos del franquismo veían con agrado, en la medida que podía reforzar sus lazos con Estados Unidos y asegurar un cambio político muy controlado en España. Comprenderá usted que nos mantengamos muy distantes”.
La soberbia del poder central frente a la vanidad catalana. La sublimación del Estado frente a la exageración sentimental de la sociedad civil. Un buen diagnóstico. La advertencia del embajador Costa Soares, sin embargo, iba bastante más allá de la descripción costumbrista. “Que el partido de la vanidad no menosprecie al Estado español”, venía a decir. Otros observadores extranjeros han llegado a conclusiones similares estas últimas semanas. Giaime Pala, joven historiador italiano afincado en Barcelona, en recientes declaraciones a La Vanguardia: “Desde Catalunya se ha minusvalorado el poder del Estado. El actual Estado español no es la estructura herrumbrosa a la que se enfrentó
Enric Prat de la Riba en los tiempos de la Mancomunitat”.
Vittorio Craxi, delegado del ex primer ministro italiano Romano Prodi, que estaba dispuesto a la mediación, siempre que la aceptase Mariano Rajoy : “Vi a
Puigdemont sin un plan preciso. Creo que alguna fuente internacional le engañó”. Michele Ventura, antiguo dirigente florentino del Partido Comunista Italiano en la época de Enrico Berlinguer, que sigue muy de cerca la cuestión de Catalunya: “El grupo dirigente catalán me parece diletante”. (Diletante: aficionado).
El Estado español le ha roto las piernas a la Generalitat y la sociedad catalana ha reaccionado a la defensiva restituyendo una mayoría independentista en el Parlament para una nueva fase de espesa lucha táctica. El “a por ellos” resonará durante muchos años
en los oídos de miles de catalanes. Muchos votantes independentistas, críticos con lo sucedido entre septiembre y octubre, votaron en clave estricamente defensiva. “Si perdemos, nos arrasarán”. Independentistas sin independencia. Republicanos sin república. Unionistas sin unión. Este el balance final del año de las banderas en los balcones.
El Estado ha roto el precinto del artículo 155, un dispositivo que infundía temor a todo el estamento político español por dos motivos: no se había aplicado nunca y la Generalitat aún conservaba la autoritas conquistada por Josep Tarradellas durante su triunfal regreso en 1977. El artículo 155 se ha aplicado sin ninguna resistencia del cuerpo funcionarial, empezando por los Mossos d’Esquadra. El escudo protector de Tarradellas se acabó de resquebrajar el día 26 de octubre, cuando Puigdemont renunció a convocar elecciones porque le llamaban traidor en las redes sociales. No hay autoridad política sin un grado de tensión con la sociedad. Tarradellas y Jordi Pujol lo supieron siempre. Pasqual Maragall manejó este principio durante su tiempo estelar en la alcaldía de Barcelona. La sociedad no puede ser adulada constantemente. (El jesuita José
Ignacio González Faus lo ha resumido de una manera un tanto brutal: “Hemos visto a los gobernantes catalanes masturbando a su pueblo”).
El Estado ha roto el precinto y no ha encontrado resistencia. A partir de ese momento todo es distinto. Empieza una nueva fase en la política española. El Estado redescubre su capacidad de disuasión y los dirigentes soberanistas más inteligentes descubren los límites de su política. El exconseller de Economia Andreu Mas-Colell, figura estelar en el gobierno de Artur Mas, fue uno de los que hablaron más claro después del 1 de octubre, viendo a venir el cataclismo. “Ahora hay que parar”. No le hicieron caso. Carles Puigdemont y
Oriol Junqueras temieron verse desbordados e injuriados por la gente a la que habían prometido una independencia fácil. El primero que frenase, perdía. Estaba en juego –está en juego, todavía–, la posesión de la Generalitat. La posesión simbólica del autogobierno y el control material de una gigantesca estructura con más de doscientos mil empleados, alrededor de la cual se articula toda la lucha partidista.
Hay un antes y un después de la aplicación del articulo 155. El después empieza en el 2018. Los mecanismos de intervención y control de la autonomía catalana pasan a formar parte del utillaje común del Estado en tiempos de crisis y de turbación histórica. Una vez intervenida la Generalitat ya se puede intervenir todo lo que haga falta. El precinto se ha roto.
Se abre una nueva fase, con el consenso mayoritario de la sociedad española, que asistió turbada a las escenas de septiembre y octubre. La ruptura llegó a ser verosímil. Las sesiones del Parlament del 6 y 7 de septiembre ofendieron a muchos españoles por el mal estilo de la mayoría independentista y la evidente torsión de la legalidad. Las escenas del 1 de octubre, día del referéndum, con la policía pegando a la gente en los colegios electorales, asustaron. Hubo más susto que indignación. La ruptura podía ir en serio. Ha habido mucho temor en la sociedad española, que nunca llegó a creerse seriamente la amenaza secesionista, según reflejaban los sucesivos barómetros del CIS, hasta octubre del 2017. Alarma. Preocupación. Espanto.
Sobre este espanto se fundará la nueva política española. Las encuestas empiezan a reflejarlo con cierta claridad. La situación está sufriendo un movimiento helicoidal. La tensión política española sigue girando sobre el mismo eje que en el 2014, momento de la abdicación del rey
Juan Carlos: enfado, protesta, desconfianza, desafección, crisis de representación. Pero a ese movimiento rotatorio alrededor del eje de la indignación se añade ahora un movimiento de traslación hacia arriba: hacia el Estado. (No hacia el Gobierno). La adhesión al Estado como mecanismo de protección ante la incertidumbre. Las encuestas son muy elocuentes, especialmente en las provincias de la España meridio- nal e interior, donde se registra un mayor temor a los cambios bruscos. Ciudadanos aparece en estos momentos como el partido que mejor se adapta al movimiento helicoidal: ofrece renovación a los indignados y adhesión al Estado a los asustados. Sus excelentes resultados en Catalunya avalan y refuerzan esa doble oferta.
Empieza ahora una dura lucha entre el Partido Popular y Ciudadanos por la hegemonía en el centro derecha. Las secuencias más intensas de ese combate se disputarán en los despachos de Madrid y en los medios de comunicación. Ya acaba de filtrarse que Ciudadanos es el partido peor puntuado por el Tribunal de Cuentas en lo que se refiere a la claridad contable.
Se agría también la pugna entre los neoconvergentes (ahora Junts per Catalunya) y Esquerra Republicana por el control de la Generalitat. Las discusiones de estos días sobre la difícil candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia son muy descarnadas. El disimulo se está agotando. Es improbable que el legitimismo carlista (de Carles) pierda ese combate, aunque Puigdemont no pueda ser elegido.
PP y Ciudadanos entran en una dura pugna por la hegemonía en la derecha
La brega entre Junts per Catalunya y ERC es cada vez más descarnada