La estrategia naranja
Ciutadans ve prioritario conseguir la presidencia de la Mesa del Parlament y se mantiene a la expectativa respecto a la sesión de investidura.
El proceso judicial por el saqueo del Palau de la Música tiene por fin fecha de caducidad. Será el 15 de enero, el día en el que el tribunal de la sección décima de la Audiencia de Barcelona ha citado a todas las partes para notificarles la sentencia de este macroproceso. Dado el volumen del fallo, a cada una de las partes personadas se les hará entrega de un CD con el resultado de la resolución.
Una de las principales incógnitas que deberá despejar la sentencia es la pena que se acaba imponiendo a los dos mandamases de la institución. La Fiscalía solicitó para Fèlix Millet 14 años y nueve meses de prisión, y 10 años y diez meses para Jordi Montull. Ambos durante el juicio reconocieron las artimañas que emplearon durante décadas para apoderarse del dinero del Palau que destinaron a sus gastos corrientes. Las confesiones de ambos comportó una rebaja en las peticiones de pena de la Fiscalía. En particular la confesión de Montull estuvo condicionada a un pacto previo con el fiscal para librar del ingreso en prisión a su hija Gemma Montull, exresponsable financiera del Palau, que se enfrenta a una pena de tres años de cárcel, uno de los cuales substituible por una multa.
Durante la vista, los responsables del desfalco también reconocieron que la institución servía de plataforma para hacer llegar los pagos de la constructora Ferrovial a Convergència Democràtica a cambio de adjudicaciones de obra pública. La más relevante fue la de Millet, que durante la instrucción judicial, a pesar de reconocer el expolio, siempre negó haber desviado dinero a CDC. Esta será también una de las claves de la extensa sentencia. El partido, reconvertido en el actual PDECat, figura en la causa como responsable a título lucrativo por haberse beneficiado presuntamente de 6,6 millones de euros desviados del Palau. La investigación acreditó el pago de comisiones de Ferrovial del 4% al partido político. El único dirigente convergente imputado por la presunta financiación irregular es el extesorero Daniel Osàcar, para quien el fiscal solicita una pena de ocho años de prisión por blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Durante la celebración del juicio, Osàcar negó reiteradamente las acusaciones y acusó a los expoliadores del Palau de actuar con ánimo vengativo. Después de las confesiones de Millet y Montull, el fiscal decidió aumentar la petición de pena para el extesorero de CDC.
A mediados del pasado julio el juicio quedó visto para sentencia. La resolución se conocerá dos días antes de la constitución del nuevo Parlament surgido de las elecciones celebradas el 21 de diciembre.
El fallo se conocerá dos días antes de la constitución del nuevo Parlament surgido de las elecciones del 21-D