Clamor de las autonomías contra Montoro por congelar la financiación
El Gobierno reduce las aportaciones a cuenta por la prórroga presupuestaria
Las autonomías, sobre todo las gobernadas por el PSOE, salieron ayer en tromba contra la decisión del Gobierno de Rajoy de reducir los anticipos de la financiación con el argumento de que se tienen que prorrogar los presupuestos del Estado.
Las comunidades gobernadas por el PSOE alzaron ayer su voz, en un clamor indignado, contra la decisión del Gobierno de congelar las entregas a cuenta para este 2018 y la reforma del sistema de financiación, y vincularlas a la aprobación de unos nuevos presupuestos generales del Estado.
La medida afecta a todas las comunidades del régimen general y supone recortar la financiación ya prevista para este año en 780 millones en Catalunya, 353 en la Comunidad Valenciana, 200 en CastillaLa Mancha, 186 en Canarias, 137 en Extremadura, 127 en Murcia, 80 en Cantabria, 67 en Baleares... Pero mientras las autonomías dirigidas por el PP minimizan daños y exigen al PSOE que deje de quejarse y facilite los nuevos presupuestos, las comunidades socialistas ponen el grito en el cielo, ya que entienden que sus propias cuentas regionales se ponen al riesgo.
De nuevo al frente de la manifestación contra la “infrafinanciación” que denuncia desde hace años, el valenciano Ximo Puig insistió en que el Ejecutivo central “está jugando con fuego”. “¡Más que un chantaje, es un enorme despropósito!”, lamentó Puig. Algunos dirigentes socialistas valencianos temen incluso que esta permanente asfixia financiera, ante la “inacción” de Rajoy, pueda tener efectos muy indeseados. Y ponen el ejemplo de Catalunya: “Aquí no hay ningún independentista, pero al final los habrá”.
Desde Ferraz, Manuel Escudero ya tachó el miércoles de “chantaje intolerable” que el Gobierno vincule la financiación autonómica a la aprobación de los presupuestos del 2018, con las “cartas de extorsión” que Hacienda remitió a las autonomías y que, a su juicio, dinamitan la autonomía financiera de las comunidades. Y ayer se siguieron encendiendo los ánimos. El Gobierno balear reclamará la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal, al tiempo que el PSOE exige la comparecencia de Cristóbal Montoro en el Congreso. Andalucía y Castilla-La Mancha arremetieron contra lo que calificaron de “chantaje a las comunidades”. El consejero andaluz Miguel Ángel Vázquez criticó que el Gobierno central “quiere tapar su incapacidad para conseguir los apoyos para sacar adelante las cuentas con una extorsión a las autonomías socialistas para condicionar el voto del PSOE en el Congreso”. Y esta, para algunos dirigentes socialistas, es la clave. Cuando los gobiernos de Rajoy e Iñigo Urkullu pactaron la actualización del cupo vasco, el pasado noviembre, dieron por hecho que el PP se garantizaba así el respaldo del PNV, que se sumaría al de Ciudadanos, para los presupuestos del 2018. Pero, ya arrancado el nuevo año, los dos grupos imprescindibles para que Rajoy pueda aprobar otra vez las cuentas no aseguran nada.
Reforzado por el resultado de las elecciones catalanas, Albert Rivera elevó la factura para este respaldo en su última cita con Rajoy. Y además Cs suma ahora la exigencia de que dimita la senadora popular Pilar Barreiro como condición sine qua non para apoyar las nuevas cuentas. El PNV, por su parte, obtuvo golosas contrapartidas por su apoyo a los últimos presupuestos de Rajoy, y un notable beneficio con el nuevo cálculo del cupo. Pero sigue sin dar su brazo a torcer para respaldar las nuevas cuentas del Gobierno mientras no se levante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya y se le ofrezca una salida política.
Otros líderes autonómicos del PSOE, no obstante, piensan que Rajoy ya ha pactado con Ciudadanos y el PNV el apoyo a los presupuestos: “Lo tienen cerrado, pero quieren marear y no asumir su responsabilidad”.
“Aquí no hay ningún independentista, pero al final los habrá”, alertan dirigentes socialistas valencianos