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Las medidas del Gobierno francés para atajar las fake news en épocas electorales, y el último barómetro municipal de Barcelona, que sitúa la crisis política catalana como principal problema de los ciudadanos.
EMMANUEL Macron, presidente de Francia, ha anunciado la redacción de una ley que tendrá por objetivo atajar la difusión de fake news durante los periodos electorales. Entendemos por fake news –expresión cuyo uso, según el diccionario de Oxford, es el que más ha crecido en el 2017– las noticias falsas que proliferan en las redes sociales, a menudo propagadas con intereses políticos por emisores sin rostro. La difusión de este tipo de falsedades ha ido en aumento desde la última campaña presidencial estadounidense, en la que la candidatura rival del después presidente Donald Trump se vio seriamente perjudicada por ellas. La verdad está en retroceso. Y no sólo debido a las noticias falsas. En el 2016, la palabra del año elegida por el citado diccionario fue post-truth, posverdad, esa recua de “verdades alternativas” que relativizan el valor de la auténtica verdad, de nuevo con fines partidistas.
Lo primero que diremos acerca de la iniciativa de Macron es que nos parece pertinente. Un gobernante debe saber anticiparse a los problemas propios de su tiempo o, al menos, reaccionar con prontitud para resolverlos o contenerlos. Eso es lo que hace Macron al anunciar este proyecto de ley: decirnos que no tolerará que las noticias falsas sean propaladas con fines torticeros por potencias extranjeras que, de este modo, intentan interferir en una campaña electoral.
Lo segundo que puede decirse al respecto es que conviene esperar a leer el redactado de este proyecto de ley para formular un juicio definitivo. La libertad de expresión es un derecho inalienable. Hay que velar atentamente por él, evitando que una iniciativa legislativa como la que nos ocupa, aunque motivada por una causa noble, pueda acabar teniendo consecuencias indeseadas, por ejemplo, para la prensa de calidad que valora la credibilidad de sus contenidos como un bien precioso e irrenunciable.
Pero tan cierto es que la libertad de información es un derecho muy estimable, que conviene proteger siempre, como que los tiempos cambian y nos plantean nuevos desafíos. El enorme éxito de las redes sociales ha tenido consecuencias sobre la existencia de todos nosotros, y está siendo aprovechado por determinadas potencias para emponzoñar la convivencia. Hay que ser conscientes de ello. Y hay que tomar medidas para frenar los abusos. Lo que en otras épocas podría habernos parecido una intrusión intolerable puede estar ahora, en su justa medida, cargado de sentido.
La información veraz y la prensa responsable son elementos indispensables para garantizar una sociedad libre.Laprofusióndelasredessocialeshaconvertidoatodos los usuarios de una pantalla conectada a internet en emisores potenciales, ya sea de opiniones o de informaciones. Sin embargo, no todos los emisores son fiables. Ni todas sus intenciones son de recibo. Pero algunos creen que las redes son una arena pública en la que todo les está permitido. No debería ser así. La circulación de falsedades –que se ha incrementado exponencialmente en los últimos meses– es una grave amenaza para nuestro modelo de convivencia. Si deseamos conservarlo, no podemos tolerar que circulen impunemente informaciones falsas cuya finalidad no es otra que desacreditar a determinados agentes políticos o influir en los votantes. Eso ha ocurrido ya, con consecuencias de todos conocidas, en Estados Unidos. Ocurrió en las últimas elecciones francesas. Y ocurre también en nuestro país. Hay que defenderse.