Justicia

El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha publicado un tuit alarmante. Dice: “Jueces y fiscales deberían estar preocupados y denunciar estas noticias que adelantan un veredicto antes incluso de que se haya producido el juicio”. El tuit era la reacción a una información de Ernesto Ekaizer (en general, bien informado), donde avanzaba la decisión que tomaría la sala de recursos. Decía Ekaizer: “El magistrado instructor del Supremo, Pablo Llarena, verá confirmado por la sala de recursos, según fuentes judiciales, el auto de prisión de Oriol Junqueras”. Y subrayo la frase: “según fuentes judiciales”. Añadía que Llarena ya había valorado la posible mayoría soberanista del 21-D como justificación para mantenerlo en la prisión antes de elecciones.

Es decir, por un lado, un juez del Supremo habría mezclado temas penales con probables resultados electorales y ello habría derivado en prisión para un líder político, candidato a la presidencia. ¡Ahí es nada! Y por el otro, Ekaizer parece que ya sabe qué pasará con Junqueras, y parece que lo sabe antes de reunirse la sala. Ciertamente, los hechos lo pueden desmentir hoy mismo, si Junqueras es excarcelado, pero de momento, como es costumbre reiterada en la justicia española, muchos periodistas saben las decisiones judiciales

Una justicia bajo el foco, tan sobrecargada de presión política, que es un serio motivo de alarma

que se tomarán, no antes de ser públicas, sino peor: antes de haberse tomado.

Al mismo tiempo, cabe añadir la preocupación de múltiples juristas por la politización de la justicia, como la juez Ayala, titular del juzgado número 6 de Sevilla, y responsable de los ERE, que ha afirmado que la independencia judicial en España “se está desmoronando por momentos”, que “los fiscales no mueven un dedo si no reciben órdenes de Madrid, porque lo he vivido”, y que “son la extensión del Gobierno de turno”. O los centenares de juristas que se han escandalizado por cómo se ha brutalizado la ley para intentar justificar la causa general contra Catalunya. Y para remachar el clavo, el demoledor informe que ha hecho el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa. Según este informe, “España incumple todas las recomendaciones sobre independencia judicial” y asegura que el balance es “globalmente insatisfactorio”, con una crítica directa al sistema de elección –altamente politizado– del fiscal general. Y, no olvidemos, que venimos de dónde venimos: de simpáticos ministros que afinaban fiscales… Es una justicia bajo el foco, tan sobrecargada de presión política, que representa, como dice Van den Eynde, un serio motivo de alarma.

Por todo ello, pase lo que pase hoy, muchos haremos un análisis que no tendrá nada que ver con cuestiones penales, sino políticas, tanto si Junqueras sale como si permanece en la prisión. De la misma manera que somos legión los que pensamos que esta causa penal es una causa política que no persigue delitos, sino personas e ideas.