La protección de Sijena no incluía sus bienes, según la Generalitat

Los servicios jurídicos de la Generalitat, con el aval del Ministerio de Cultura, presentaron ayer un recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la sala primera del Tribunal Supremo en relación con la sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca sobre los bienes artísticos de Sijena. La sentencia que anula la compraventa de los 97 bienes –y en consecuencia ordenaba su retorno cautelar a Sijena– se basaba entre otros aspectos en que la declaración de Monumento Nacional del Monasterio de Sijena en 1923 suponía la protección de los bienes que contenía y por lo tanto estos no se podían vender. Sin embargo, el recurso de la Generalitat señala que la orden que declaraba el monasterio como Monumento Nacional se refería al edificio pero no hacía ninguna mención a los bienes muebles existentes en su interior y tampoco existe prueba alguna de que los objetos del litigio estuvieran allí en aquel momento.

Otro de los puntos fuertes del recurso se refiere a que al hallarse los bienes en Catalunya en el momento de la compraventa y ser adquiridos por una institución pública no se requería “una autorización administrativa previa” de la dirección general de Bellas Artes.

Los servicios jurídicos señalan para el caso de que la sala desestimara estos consideraciones y otras de carácter más formal (impugnación a la presencia del ayuntamiento de Villanueva de Sijena como parte demandante y a la condena al MNAC sin que nadie lo hubiese pedido) que deberían devolverse los objetos del litigio al lugar donde estaban. Es decir, aún aceptando que la compra fuese nula, los objetos debían quedarse en el museo de Lleida y en el MNAC donde estaban por expreso deseo de las monjas de Sijena. En el recurso de la Generalitat, que consta de 68 páginas, se recuerda que “a la fecha del contrato de venta [entre 1983 y 1994], el monasterio de Sijena se encontraba en un penoso estado de conservación y mantenimiento”.

También ayer el Consorci del Museu de Lleida presentó otro recurso ante el Supremo.