Poderes públicos
La decisión del Gobierno de Islandia de establecer por ley la igualdad salarial entre hombres y mujeres; y la resolución adoptada por el Tribunal Supremo sobre la prisión preventiva de Oriol Junqueras.
ISLANDIA ha adoptado una medida sin precedentes en el mundo para intentar acabar con la brecha salarial que separa a hombres y mujeres. Desde el primer día de este año se empieza a aplicar una ley en ese país, que se desarrollará progresivamente hasta el 2022, por la que se obliga a las empresas a pagar el mismo salario a hombres y mujeres por el mismo trabajo. El Gobierno someterá a las empresas a auditorías laborales y les exigirá la obtención de un certificado de igualdad salarial, bajo amenaza de sanción si incumplen la norma.
En Alemania también se ha dado un paso importante hacia la igualdad salarial al establecerse por ley el derecho de las mujeres a conocer el sueldo de los empleados varones que realicen el mismo trabajo. Este hecho, que está en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea, les ayudará a reivindicar la igualdad salarial. La decisión, sin embargo, seguirá en manos de las empresas, o del poder de negociación de los sindicatos, ya que, a diferencia del modelo islandés, la ley germana no obliga a pagar el mismo sueldo por igualdad de trabajo a hombres y mujeres.
Las medidas adoptadas por Islandia fundamentalmente, así como por Alemania, son una demostración de que los gobiernos pueden y deben ser más activos del o que son en la adopción de medidas para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Si desde los gobiernos no se actúa con mayor determinación, como se ha hecho en esos dos países, al ritmo actual harían falta más de setenta años para lograr la equiparación laboral entre hombre y mujer, según concluyen algunos estudios realizados al respecto.
La media de la brecha salarial europea que separa la remuneración del trabajo entre hombres y mujeres es del 16,3%. En España la diferencia es mayor, ya que se ha agrandado con la crisis, a causa de la mayor precariedad laboral que sufren las mujeres. La Oficina de Estadística Europea (Eurostat) indica que esa brecha salarial en nuestro países del 19,3%, aunque los sindicatos la elevan al 23,93%, un porcentaje ligeramente superior al 21% que se registra en Alemania.
La decisión adoptada por Islandia es determinante para obligar a las empresas a pagar igual a hombres y mujeres. Sin embargo, comporta dos reflexiones. La primera es que sólo implica a las empresas con más de veinticinco trabajadores. Esto hace que se limite mucho el alcance de la medida, ya que tanto en Islandia como en muchos otros países, incluida España, las empresas pequeñas, por debajo de veinticinco trabajadores, son la mayoría. La segunda reflexión es que la obligación legal de garantizar la igualdad salarial puede provocar más desempleo femenino y favorecer una todavía mayor contratación de hombres, ya que la realidad demuestra que, a igualdad de salario y de trabajo, las empresas prefieren mano de obra masculina.
La iniciativa de Islandia, pese a todo, supone un gran paso hacia la igualdad de género que deberían seguir los demás países; también España. Pero, junto a medidas de este tipo, sería necesario adoptar acciones complementarias que contribuyeran a atacar de raíz las causas que provocan que los empleadores les paguen menos a ellas por el mismo trabajo que hacen ellos. En este sentido hay que incrementar los derechos de las mujeres en el trabajo y avanzar en las políticas de protección de la maternidad y de conciliación entre la vida laboral y familiar. En este ámbito no sólo los gobiernos, sino el conjunto de la sociedad y especialmente los sindicatos, deben desarrollar acciones más ambiciosas que las desarrolladas hasta ahora. Islandia, en cualquier caso, marca el camino.