El muro político y judicial
Oriol Junqueras también tiene sus regalos de Reyes. Tristes regalos, ciertamente, por dos razones que coinciden en el tiempo. Primera: sus antiguos aliados de Junts per Catalunya lo rechazan como presidente de la Generalitat y sólo votarán la investidura de Carles Puigdemont. Escarnio partidista y personal: Junqueras president, como cualquier otro candidato, sería una forma de validar “el golpe de Estado de Rajoy”. No creo que el líder de ERC merezca esa displicencia, pero ahí está. Y segunda: habló el Tribunal Supremo y rechazó su petición de libertad. Y además, por unanimidad de los tres magistrados. En la cúspide de la justicia no hay dudas ni discrepancias. De nada sirve apelar a convicciones religiosas, ni definirse como hombre de paz, ni el propósito de buscar la independencia a través del diálogo bilateral.
Este cronista no es quien para juzgar lo que dice el Supremo, pero entiende que estamos ante una decisión de máxima trascendencia política. En la resolución hay un mensaje para Puigdemont: si aparece en el Parlament para ser investido, podrá poner en un aprieto al Estado, pero no sólo será detenido, sino que ingresará en prisión en las condiciones de Junqueras. Presidente o no, la doctrina de la Fiscalía dice que la representación política no es un salvoconducto para salir de la cárcel. Si a Junqueras se le supone reiteración delictiva, imagínense la que se puede suponer a Puigdemont como abanderado de la independencia y después de todo lo que dijo desde Bruselas: él mismo se encargó de facilitar las pruebas para imputarlo. Ya sólo podrá ser, como mucho, un presidente telemático.
Resolución trascendente también por lo que se dice del diálogo: el tribunal entiende que sólo se plantea para arrancar la independencia de Catalunya, y eso “no puede valorarse como un indicio de abandono del enfrentamiento con el Estado”. Es la traducción jurídica del mensaje más repetidos por Rajoy: “Diálogo sí, pero dentro de las leyes”. O bien: “No se puede dialogar con quien propone referéndum sí o sí”. El equivalente hoy sería, a juicio de los agentes políticos y judiciales del Estado, “independencia sí o sí, es lo único que tenemos que hablar”. Y por esa interpretación del diálogo con los soberanistas no se pasa. Se ha levantado el muro político y judicial.
¿Y qué se hace, por tanto, con la legitimidad de las ideas independentistas? Si el cronista fuese militante de Esquerra, de la CUP o del PDECat, lo tendría muy claro, echaría mano del comodín del Estado opresor y diría: es una legitimidad teórica y literaria; en cuanto se intenta poner en práctica, cae sobre nosotros el peso de la justicia. Como no soy militante de ninguno de esos partidos, digo: señores, los límites están claros; sean ustedes independentistas, pero no proclamen su república, no agiten a sus masas, no hagan lo que no está previsto en la Constitución y obedezcan al Constitucional. ¿Y cómo se gana entonces la independencia? Con una mayoría tan amplia que la haga inevitable. El resto ya sabéis: o es sedición o es rebelión. La frontera la marca el Código Penal. Por supuesto, el español.