La justicia marca el paso
Las decisiones de los jueces van a influir en el proceso de elección del nuevo presidente de la Generalitat, en la formación del Govern y en la constitución del Parlament
Las decisiones de los jueces van a influir de forma decisiva en el proceso de elección del nuevo presidente de la Generalitat, en la formación del Govern y en la constitución del Parlament de Catalunya.
La actuación de la justicia –en especial, del Tribunal Supremo (TS)– va a condicionar en los próximos meses el calendario político. Las decisiones que se adopten deberán tener muy en cuenta cuál sea el desarrollo del proceso que se ha abierto en dicho Alto Tribunal, principalmente contra los exmiembros del Govern y la Mesa del Parlament. Hasta ahora, el número de imputados alcanza los 28, pero la lista puede incrementarse en breve. El último bloque de investigados fue incorporado el pasado día 22, e incluyó nuevos nombres de responsables políticos de las fuerzas soberanistas, como los del expresident Artur Mas, Marta Rovira (ERC) y Marta Pascal (PDECat), entre otros.
La primera consecuencia importante derivada de la existencia de este procedimiento judicial –junto a otros que se siguen en instancias inferiores, como la Audiencia Nacional y algunos juzgados de Catalunya– se está percibiendo con mucha claridad a la hora de elegir la nueva Mesa del Parlament y de organizar el debate de investidura. Las decisiones de los jueces, en suma, van a influir en el proceso de elección del nuevo president de la Generalitat, en la formación del Govern y, ahora mismo, en la constitución de la propia asamblea legislativa.
La situación del cesado president, Carles Puigdemont, su escapada y permanencia en Bruselas –donde se mantienen junto a él cuatro exconsellers–, dificulta en extremo su candidatura. De hecho, en el ámbito jurídico se percibe como prácticamente inviable su reelección si no regresa. El motivo reside en que desde la capital belga no podría defender en primera persona, con su presencia física ante el pleno, un programa de gobierno y pedir la confianza de la Cámara catalana.
El reglamento actual del Parlament de Catalunya requiere la asistencia del candidato, y una reforma exprés de dichas normas llevaría al hemiciclo a reeditar experiencias de sesiones tormentosas que todo el mundo parece querer olvidar. El Gobierno y la oposición constitucionalista no permanecerían pasivos, y habría nuevos recursos contra dicha reforma ante el Tribunal Constitucional (TC).
Lo que vayan a hacer los jueces en las próximas semanas no sólo puede condicionar la decisión sobre quién sea el designado por el Parlament, sino también cuáles sean las condiciones en que podrá acceder al cargo y ejercerlo. Hay que tener en cuenta que de las 28 personas imputadas por los supuestos delitos de rebelión o sedición y malversación de caudales públicos, 19 han resultado elegidas en los comicios del 21-D. La mayoría soberanista de 70 diputados –si se suman los de Junts per Catalunya, ERC y la CUP– se verá sin duda afectada por estas circunstancias.
El problema ya no es sólo cómo desarrollarán su condición de parlamentarios los tres electos que siguen en prisión –Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez–, sino todos los que, siendo investigados, han resultado elegidos. El motivo de esta dificultad reside en que la situación de imputado supone la posibilidad permanente de ingresar o volver a la cárcel, según los casos, en cualquier momento. Basta con que el Supremo aprecie indicios de reiteración delictiva en su conducta.
En este sentido, un dirigente independentista afirmaba recientemente que el período que va a iniciarse en Catalunya podría definirse como el de “una legislatura con esposas”. El margen de maniobra del nuevo Govern, si finalmente lo componen las fuerzas soberanistas, va a ser en algunos aspectos relativamente estrecho.
Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los exconsellers y los miembros de la Mesa del Parlament que recuperaron la libertad o la obtuvieron desde el primer momento mediante el pago de una fianza han realizado declaraciones en las que, con distintas fórmulas, han expresado una disposición favorable a respetar el marco constitucional vigente y a actuar dentro de sus márgenes. Es lo que se conoce como “la vía Forcadell”, porque fue la presidenta del Parlament la primera en seguirla.
Otros han expresado, como mínimo, que abogarán por vías dialogadas de solución del conflicto político que culminó con el referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia (DUI). Todo ello implica que cualquier iniciativa que se interprete como un incumplimiento de estas manifestaciones les puede suponer la anulación de su libertad provisional. Saben, por tanto, que su labor política se va a desarrollar bajo la lupa judicial.
PRESIÓN
Hasta ahora hay 28 investigados, pero la lista puede incrementarse en breve
INVESTIDURA
El ámbito jurídico cree prácticamente inviable la reelección de Puigdemont
De este modo, si finalmente hay un pacto para una nueva mayoría fundada en el acuerdo entre Junts per Catalunya, ERC y la CUP, la acción de gobierno se verá condicionada por la vigilancia permanente de la Fiscalía, de los letrados de la acción popular –ejercida en este proceso por el partido político Vox– y, en última instancia, por los jueces.
El Govern tendrá, en definitiva, una espada de Damocles permanente sobre su cabeza. De ahí la mencionada metáfora de la legislatura con las manos esposadas.
La formación de Govern, por otra parte, no va a suponer alivio alguno para los imputados por el Supremo. El proceso judicial va a seguir, y con toda seguridad a un ritmo más rápido que el empleado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) cuando tuvo que investigar sobre la consulta del 9-N. Los imputados que asuman ahora cargos en el Govern saben que, a la vuelta de algunos meses, pueden verse condenados a penas más o menos altas de prisión –al delito de rebelión corresponden penas que pueden alcanzar los 30 años de cárcel– y, en el menos gravoso de los casos, a largos periodos de inhabilitación.
Ahora el proceso judicial está en una fase inicial, de instrucción. Pero una causa penal es siempre de efecto retardado. A veces, tarda en estallar. Pero la sentencia, indefectiblemente, llega. En este caso, la voluntad del Supremo es que el juicio se celebre antes del verano. No obstante, será difícil alcanzar este objetivo. Para lo que son los ritmos de la justicia en España, el juez Pablo Llarena podrá darse por relativamente satisfecho si consigue tener terminada la investigación a lo largo del 2018 y la vista puede celebrarse antes de que termine el año.
No cabe la menor duda de que el Supremo ha asumido lo esencial de las tesis defendidas desde el comienzo de la causa por la Guardia Civil –autora de los primeros atestados– y por la Fiscalía. Los autos del juez Llarena, así como el dictado el pasado viernes por la Sala de Apelaciones al rechazar la petición de Junqueras de ser puesto en libertad, y todos los informes de los fiscales, coinciden en la idea de que el proceso soberanista ha culminado con hechos que revisten los caracteres del delito de rebelión y malversación, y sólo subsidiariamente de sedición.
Esto supone que tanto la Fiscalía como los jueces que han intervenido en el caso –empezando por la magistrada de la Audiencia Carmen Lamela, la primera que asumió la causa– consideran que la conducta de los imputados les hace responsables de los actos de violencia ocurridos en paralelo al desarrollo de los planes de ruptura con España. Todos los jueces y fiscales que han actuado en el caso han realizado referencias directas a los hechos de los días 20 y 21 de septiembre, durante la concentración ante la Conselleria d’Economia, y a los ocurridos en las semanas previas al 1-O y durante el desarrollo de la propia jornada del referéndum.
La Sala de Apelaciones ha sido explícita al subrayar de nuevo la importancia del documento estratégico EnfoCats –hallado en el domicilio de Josep Maria Jové, mano derecha de Junqueras– y al mencionar varias veces en su auto contra la excarcelación de Junqueras que los investigados llamaron a la ciudadanía a participar en un referéndum prohibido por el Constitucional, a sabiendas de que “era inevitable una reacción desde el Estado de derecho, a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, orientada a garantizar el cumplimiento de la ley”. Por lo tanto –añadía el auto– “era previsible con un altísimo grado de probabilidad que se produjesen, al menos, tumultos orientados a impedir a aquéllas el cumplimiento de las órdenes” recibidas.
Es claro, en suma, que con estos razonamientos los jueces están asumiendo de manera indiciaria, pero con nitidez, la tesis del delito de rebelión. Todo ello parece no dejar mucho margen para creer que el exconseller de Interior Joaquim Forn y los Jordis recuperarán la libertad tras declarar el próximo día 11 ante el juez Llarena, en el siguiente capítulo de esta larga página de la historia políticojudicial.
SIN DESCANSO
Tras la formación de Govern, el proceso judicial va a seguir, y a un ritmo rápido
OBJETIVO
La voluntad del Supremo es que el juicio se celebre antes del verano
CONCLUSIÓN
Los jueces asumen de manera indiciaria, pero con nitidez, la tesis del delito de rebelión