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Las explicaciones del ministro del Interior sobre el operativo policial desplegado el 1-O en Catalunya, y las conclusiones del informe anual de Human Rights Watch.

EDITORIALES

JUAN Ignacio Zoido compareció ayer ante la comisión de Interior del Senado para dar cuenta de la actuación policial en Catalunya el pasado 1 de octubre. El ministro del Interior aportó diversos datos, entre ellos el coste global de la llamada operación Copérnico, que tuvo su máxima expresión el 1-O y que comportó el despliegue de hasta 6.000 agentes, el diseño de una compleja logística y el uso de importantes medios materiales. Dicho coste ascendió a 87 millones de euros. Se trata de una cifra abultada, de una inversión extraordinaria de la que cabía esperar resultados irreprochables. No hubo tal cosa. Por el contrario, podríamos decir que el elevado dispendio no se tradujo en un operativo policial satisfactorio. Así lo sugiere el balance de la jornada en lo tocante a número de heridos –1.006, según se encargó de recordar ayer el senador del PDECat Josep Lluís Cleries–, a los destrozos en bienes públicos y privados y a los daños a la imagen internacional de Catalunya y de España.

No hubo tampoco ayer, en la prolongada exposición del ministro Zoido, ni en las respuestas que dio después a preguntas de otros partidos, reconocimiento de responsabilidades propias. En su opinión, todo lo malo que ocurrió fue debido a la “arrogancia e irresponsabilidad” del expresidente Puigdemont. Y a “la absoluta pasividad y poca colaboración” de los Mossos. Sin embargo, es plausible afirmar que cuando el Estado saca a la calle, en una día como el 1-O, a miles de miembros de sus cuerpos de seguridad también tiene parte de responsabilidad en el desarrollo de los hechos. Con mayor motivo si recordamos la contundencia empleada a menudo por estas fuerzas, aunque Zoido calificara ayer su intervención de “proporcionada”.

Es comprensible que el ministro del Interior defienda a las fuerzas de seguridad e incluso su propia gestión. Pero hay maneras y maneras de hacerlo. No discutiremos aquí la pertinencia del despliegue policial del 1-O. Esa era la obligación del Estado, porque en las fechas previas, tanto en Madrid como en Barcelona, se estuvo invocando con una mezcla de ligereza e impotencia el momento del choque de trenes entre la legalidad constitucional y la nueva legalidad que el Parlament quiso poner en pie en las sesiones del 6 y el 7 de septiembre. Ese choque tuvo su correlato callejero, bien previsible, el 1-O, cuando se celebró el referéndum ilegal por la independencia, durante el cual los equipos dirigidos por el ministro firmaron una actuación discutible. Trabajaron bajo una tremenda presión y con cierta improvisación, es verdad. Pero también lo es que tuvieron escaso éxito, por ejemplo, a la hora de impedir en los días previos al 1-O que las urnas fueran distribuidas y llegaran a los locales utilizados como colegios electorales. Que no actuaron, por más que el ministro sostenga lo contrario, de forma impecable, a tenor de las imágenes registradas aquel día. Y que es difícil de comprender, de nuevo tras revisar las imágenes del 1-O, que el ministro dijera ayer que se intentó que la actuación policial tuviera “el menor impacto sobre las personas” y que “en ningún caso tuvo como objetivo a los votantes ni a los ciudadanos que se encontraban en la zona”...

Bien está que el ministro Zoido compareciera ayer ante el Senado, como ya le pidió el PSOE hace dos meses. Pero sus explicaciones tuvieron más de cerrada defensa de su posición que de auténtica vocación esclarecedora de los hechos.