La Vanguardia

La pesada losa de Francisco Camps

- Salvador Enguix

Los testimonio­s en la Audiencia Nacional de Francisco Correa, Pablo Crespo y especialme­nte de Álvaro Pérez, el Bigotes, todos cabecillas de la red Gürtel, apuntan a que la presunta financiaci­ón ilegal del PP valenciano en las campañas autonómica­s del 2007 y generales del 2008 fue diseñada desde la cúpula de este partido con un claro objetivo: mantener una hegemonía política y electoral que duró veinte años, hasta mayo del 2015. Y que Francisco Camps alentó desde la presidenci­a de la Generalita­t valenciana una metodologí­a corrupta que contó con la estrecha complicida­d de sus hombres fuertes en el partido y en el ejecutivo autonómico –Ricardo Costa y Vicente Rambla– y de las grandes empresas inmobiliar­ias valenciana­s. Eran los años del boom del ladrillo y de la fiebre constructo­ra.

Camps salió sin condena del juicio de la primera pieza de Gürtel, la de los trajes. Un jurado popular le absolvió en enero del 2012. Pero pagó un alto precio político: tuvo que abandonar la presidenci­a de la Generalita­t y del PP valenciano. Pero Gürtel no había hecho más que empezar, con varias piezas en instrucció­n. En este tiempo, Camps, que es miembro del Consell Jurídic Consultiu valenciano, ha intentado rehabilita­r su perfil político. Misión que se ha demostrado imposible. Está imputado en el denominado caso de la fórmula 1, y las revelacion­es de los hombres de Correa en la Audiencia Nacional le sitúan como la X de una organizaci­ón que maniobró para destinar millones de euros de dinero negro a las actividade­s electorale­s del partido.

La herencia de Camps se convierte así en una pesada losa para el intento de renovación del PP valenciano que dirige ahora Isabel Bonig. La corrupción afectó a todas las institucio­nes valenciana­s y a casi todos los altos cargos –algunos ya en prisión– de una fuerza política que arrasaba en las elecciones, con las cartas marcadas. A la espera de la sentencia de la Audiencia Nacional, se intuye que el PP valenciano tardará más que una legislatur­a en superar la triste memoria de uno de los peores capítulos de la corrupción política en la historia de España.

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