VIOLENCIA INEXTINGUIBLE
México no logra erradicar el narcotráfico.
La llamada recaptura y posterior extradición a Estados Unidos de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán, quizá el narcotraficante más poderoso en toda la historia de México, ha tenido más impacto en términos de notoriedad pública y de atención mediática que de maniobra realmente útil para frenar la violencia en el azotado país del tequila.
Y es que los antecedentes parecen confirmar que cada vez que se descabeza un gran cártel, y a fe que el de Sinaloa que dirigía el Chapo lo era y lo es todavía, se genera una cadena de reacciones violentas tanto por los codazos de quienes se creen legítimos herederos del trono como por los ataques de otras organizaciones criminales que ven una oportunidad en el desconcierto del cártel sin líder para arrebatar territorio físico o comercial a sus rivales.
Estos estallidos sangrientos son un ejemplo más de que, según muchos estudiosos de la violencia en México, la llamada guerra contra el narco ha devenido en una escalada sin fin de violencia y muerte y hasta en un debilitamiento del propio estado ante el cambio del mapa criminal cada vez más fragmentado. La guerra contra las bandas criminales la puso en marcha hace casi 12 años el entonces presidente Felipe Calderón y ha sido mantenida en sus líneas generales por el actual jefe del Estado, Enrique Peña Nieto. Hay quienes piensan que con su política han estado persiguiendo nobles fines, otros no piensan eso. Como describe la autora mexicana Anabel Hernández en su libro Los señores del narco, las autoridades y los mandos policiales han actuado muchas veces en beneficio de ciertos cárteles y en detrimento de otros a los que se quería favorecer por algún tipo de inconfesable estrategia o por pura corrupción.
Durante el 2017, en México se registró una media de 2.400 asesinatos al mes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno mexicano, a falta del cómputo del mes de diciembre. Alargando la mirada, el número de muertes violentas desde que en 2006 se iniciara la guerra contra el narco hasta hoy rondaría a una cifra estimada de 200.000 muertes y otras 50.000 desapariciones relacionadas en ambos casos con el crimen organizado.
Los espasmos ultraviolentos que siguen siempre al descabezamiento de un cártel se dieron cómo no en el de Sinaloa cuando el Chapo fue recapturado en enero del 2016 tras su última fuga carcelaria, que puso en serios aprietos al gobierno de Peña Nieto.
“Luego de la deportación, hubo tensión entre los hijos del Chapo (Alfredo e Iván Archivaldo) y el exabogado y mano derecha del Chapo, el licenciado Dámaso (López). Estuvieron en pugna violenta desde que entró en la cárcel, incluso antes de la extradición. [...] Parece que actualmente hay un pacto entre las diferentes facciones para disminuir la violencia”, explica Froylán Enciso, historiador sinaolense en conversación telefónica con La Vanguardia.
En ese contexto de violencia interna en el cártel que había dirigido el Chapo Guzmán fue cuando se produjo el asesinato del popular periodista de Sinaloa Javier Valdez, especialista en narcotráfico. En mayo del 2017, en Culiacán, capital del estado, fue acribillado en plena calle. “Fue justo después de que Javier publicara una entrevista con Dámaso (exabogado de Guzmán Loera, en guerra entonces con los hijos de éste por el control del cártel). Mandaron un escuadrón a comprar todos los ejemplares. Se hicieron con toda la edición”, recuerda el historiador.
Muchos creen que quienes compraron aquella edición de la revista RíoDoce y luego asesinaron al periodista son probablemente los mismos; o fueron los declarados enemigos del abogado entonces –los hijos del Chapo– o amigos del letrado insatisfechos con el reportaje. “El asesinato de Javier Valdés fue el clímax de la pugna intra cartel en Sinaloa”, afirma Froylán Enciso.
“Desde el inicio de la guerra contra el narco, los periodistas se convirtieron en blancos porque los traficantes se entregaron a la violencia simbólica”, matiza el profesor de Relaciones Internacionales Rafael Grasa, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
“Si ha descendido la violencia en Sinaloa es que todas las facciones siguen haciendo sus operaciones. [...] El Chapo no es tan importante. No hay un cártel pre Chapo y un
Una media de 2.400 personas murieron cada mes asesinadas en México durante el pasado año
cartel post-Chapo. El negocio sigue”, añade Enciso. El negocio sigue igual que el encarcelamiento de Guzmán Loera en Nueva York, lo mismo que la guerra contra el narco y sus tragedias.
“El drama es que no se sigue ninguna política para combatir el narco y la violencia. Peña Nieto lo intentó y al final acabó en lo mismo”, asegura Sergio Aguayo, politólogo, columnista, profesor del Colegio de México y gran conocedor del crimen organizado y la violencia en su país en conversación telemática con este diario.
Más allá de la escalada de criminalidad –la principal y más grave causa de sufrimiento entre la población–, la guerra contra el narco y las continuas capturas o eliminaciones de sus principales líderes y sus rápidas substituciones, ha provocado una fragmentación de las grandes organizaciones que, para Aguayo, no ha resultado en nada eficaz: “La estrategia de fragmentar a los cárteles es impuesta por Estados Unidos. Sigue los alineamientos estadounidenses desde los años 70. Vicente Fox (presidente mexicano durante el periodo 2000-2006) evadió el tema todo lo que pudo. Era un personaje más de la farándula y un farsante en temas de seguridad”.
“Por la brutalidad de los Zetas y la Familia de Michoacana, el gobierno mexicano les dio prioridad a combatirlos. Resultado: resquebrajamiento de los cárteles. De nueve que había, se estima que hay 250. Sólo los Zetas en el 2017 se dividieron en 36 organizaciones distintas”, informa el profesor Aguayo. Los Zetas es una de las bandas criminales más sanguinarias de México y uno de los grandes enemigos del cártel de Sinaloa. No solo se han dedicado a las drogas sino también al robo de gasolina, extorsión, tráfico de personas, contrabando de armas, coches robados o al cobro de impuestos. “Su modelo extractivo es impresionante y el uso de la fuerza indiscriminado”, relata Aguayo, gran especialistas en los Zetas.
Otro de los cárteles citados, la Familia Michoacana ejerció una violencia tal que no es de extrañar que fuera en sus áreas de influencia donde nacieran las llamadas brigadas de autodefensa de civiles que tomaron las armas contra esta organización criminal. La Familia Michoacana está considerada el primer objetivo que se fijó en la guerra contra el narco del presidente Felipe Calderón, hijo precisamente del estado de Michoacán. Desplegó allí a 5.000 efectivos militares en diciembre del 2006.
“Calderón sacó a los militares de los cuarteles. Devolverlos después allí resulta más difícil”, apunta Rafael Grasa, quien añade que la guerra contra el narco ha generado una enorme desconfianza hacia la policía. “La Armada es la única fuerza en la que los mexicanos todavía confían”, añade este profesor de la UAB. Un comando de la Marina fue precisamente el que recapturó al Chapo tras su última fuga de prisión.
“El grado de corrupción de las instituciones mexicanas es gigantesco. Deberíamos revisar esas políticas. Ni Calderón ni Peña Nieto lo han hecho. A ver qué hace el próximo presidente”, se lamenta el politólogo Aguayo.
El contrabando masivo de armas desde Estados Unidos alimenta la escalada criminal sin fin Los cárteles del narcotráfico se fragmentan cada vez que cae uno de sus jefes, pero no se destruyen ni dejan de operar
La fragmentación de los grupos criminales ya descrita no garantiza, a juicio de los especialistas consultados, el triunfo del estado y de la ley en esta guerra contra el narco diseñada con parámetros militares. Pese a que por momentos las organizaciones criminales quedan muy dañadas, como está ahora mismo el cártel del Golfo por ejemplo, se recomponen con sorprendente facilidad. “Se da un flujo continuo de expansión y contracción. Los cárteles sufren mutaciones constantes. Se recomponen porque el negocio es muy lucrativo y además hay una fuerte demanda de Estados Unidos, además de que las organizaciones tienen un fuerte contenido regional. La desmembración funcionó en Estados Unidos, pero no aquí”, explica Sergio Aguayo.
Esa influencia del vecino del norte es decisiva por dos cuestiones principales. Una, ya descrita por el profesor Aguayo, es que Estados Unidos es el principal foco de demanda de droga; es el mercado más grande, con todo y que algunos países de América Latina con economías en pleno desarrollo como Perú, Colombia o el propio México se hayan incorporado decididamente al consumo.
La segunda de esas razones tiene que ver con las armas que los traficantes usan tanto para proteger sus negocios como para hacer frente a la ofensiva estatal. La entrada ilegal de armas por la extensa frontera entre los dos países alimenta esa violencia brutal. “El contrabando de armas entre Estados Unidos y México es gigantesco”, señala Aguayo.
“La guerra contra el narco ha sido un fracaso en lo referido a la bajada de la violencia, pero ha sido un éxito para quienes querían aumentar el gasto militar. Se han destinado cantidades brutales de dinero”, sentencia con cierta ironía el historiador Froylán Enciso desde un lugar cercano a la ciudad costera de Mazatlán.
“Creo que era una guerra que no podían ganar. Es un propósito muy dificultado además por los altos niveles de corrupción. Se evidencia un fallo generalizado del estado de derecho y los narcos se han convertido en un contrapoder”, añade Rafael Grasa.
“Debe seguirse una política integral que tome en cuenta todas las vertientes que tiene el fenómeno del crimen organizado. Quieren resolver el problema con militares, con policías y con prevención, pero no entienden que será imposible en tanto no haya una política integral. Ese es el drama. En parte, eso se debe a que Estados Unidos está imponiendo su estrategia”, resume grave Sergio Aguayo.