El caso Rosell, incomprensible
Sandro Rosell lleva ocho meses en prisión preventiva por un presunto delito económico privado de una cuantía de 15 millones de euros. La excepcional medida de privación de libertad se entiende en delitos de sangre por los que la sociedad se debe proteger y podría tener fundamento en delitos públicos en los que se han utilizado fondos de todos. No es el caso. Alegan que hay riesgo de fuga porque tiene dinero fuera de España, cuando la defensa ha demostrado que no es así. El que tenía está repatriado y embargado. Para un presunto delito de 15 millones han bloqueado las cuentas por valor de 35 millones de euros.
El caso de Bernard Maddof fue el delito económico de mayor cuantía de la historia confesado (65.000 millones de dólares) y no estuvo ni un minuto en prisión preventiva. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, estuvo seis meses siendo un caso público, no privado, y el de la Federación Española de Fútbol, Ángel Villar, estuvo apenas diez días. En el caso Palau, Fèlix Millet tampoco estuvo en prisión preventiva. Recientemente en Nueva York, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga, ha sido totalmente absuelto del delito con el que le inculpaban por el Fifagate.
En EE.UU. prima la recuperación del dinero, en el caso de González se tuvo en cuenta la posibilidad de poner una pulsera de control y en el de Villar se le permitió que pudiera defenderse. Rosell, en cambio, lleva ocho meses, a pesar de los recursos, con el argumento subjetivo de que hay riesgo de fuga, cuando el expresidente del FC Barcelona tiene arraigo en su ciudad, todas las cuentas bloqueadas
La prisión preventiva del expresidente del Barça suena a agravio sin proporción en un presunto delito económico
y es prácticamente imposible que pueda destruir pruebas después de ocho meses de incomunicación y tres años investigado.
Rosell lleva ocho meses en prisión por un delito en el que la parte presuntamente perjudicada (Confederación Brasileña de Fútbol) ha comunicado que no se siente perjudicada, al igual que ha hecho el grupo saudí implicado. El caso no afecta a España. Se le acusa de pagar unas comisiones en Brasil que en el momento en que se hicieron efectivas eran legales en el territorio brasileño. Pero eso debe verse en un juicio, al que todavía no ha tenido acceso Rosell, a quien no se le aplica ni la presunción de inocencia ni el derecho a una defensa digna (debe hablar con el abogado a través del cristal). El caso Rosell resulta incomprensible para juristas de prestigio que entienden desproporcionado que se mantenga la prisión preventiva, ocho meses después, en un caso económico, privado, con bloqueo por valor de 35 millones y sin un perjudicado claro. Suena incomprensible.