El fraude y la violencia
La decisión de la Agencia Tributaria de ampliar su ámbito de inspección fiscal a los modelos de negocio de la nueva economía; y la guerra sin cuartel que experimenta Oriente Medio, ahora con la incursión turca en el norte de Siria.
HACE bien la Agencia Tributaria (AEAT) en ampliar su ámbito de inspección fiscal a los nuevos modelos de negocio por internet, a los sistemas de pago electrónicos y al uso de las criptomonedas como el bitcoin. Como dice en su plan de Control Tributario para el 2018, la lucha contra el fraude que propician las nuevas tecnologías constituye uno de los desafíos más exigentes de la actualidad. Este nuevo desafío se suma a la ingente tarea que ya tiene la inspección fiscal para perseguir el fraude tradicional, por llamarlo de algún modo, que se produce en el IVA, el IRPF y sociedades. España es uno de los países europeos con mayor nivel de fraude fiscal, así como con mayor porcentaje de economía sumergida, y es mucho el trabajo por hacer.
Hace ya tiempo que la Agencia Tributaria debía haber empezado a poner coto al fraude que se esconde detrás de las nuevas actividades digitales. Pero está bien que empiece, aunque sea tarde, a intentar ponerlas bajo control del fisco. El problema es que los defraudadores siempre van muy por delante de la inspección fiscal.
Son enormes los nuevos frentes que se le han abierto a la Agencia Tributaria. Como detalla en su plan de Control Tributario, tiene especial interés en estudiar la incidencia fiscal de las criptomonedas, que en muchas ocasiones ocultan las actividades del crimen organizado. Pero es muy grande también el ámbito de inspección que presenta la creciente digitalización de la economía a raíz de los nuevos modelos de negocio, de comercio electrónico y de prestación de servicios profesionales que ha generado internet y que muchas veces escapan a todo tipo de control fiscal.
La cuantía de los pagos con tarjeta, con monederos electrónicos y con transferencias instantáneas, que supera ya la circulación de dinero en metálico, es algo que también preocupa a Hacienda.
El plan de Control Tributario para el 2018 es muy ambicioso. Además de apostar por ampliar la inspección en el ámbito de la economía digital impulsará también la lucha contra el fraude y el control del patrimonio exterior de los ciudadanos y de las empresas. Esto lo hará gracias a las dos nuevas fuentes de información que proporcionan los recientes acuerdos internacionales sobre el suministro inmediato de información (SII) del IVA y los datos de cuentas financieras procedentes de decenas de jurisdicciones a través del proyecto CRS de la OCDE.
El gran reto de Hacienda es que todos los nuevos frentes de lucha contra el fraude fiscal deben llevarse a cabo, prácticamente, con el mismo personal y los mismos medios de los que dispone la Agencia Tributaria para desarrollar su labor habitual y que ya resultan de por sí insuficientes. El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcula, en este sentido, que España necesita 26.718 nuevos funcionarios para situarse a nivel europeo en número de inspectores por contribuyentes y poder combatir el fraude con plenas garantías. También creen necesaria la creación de un cuerpo superior de técnicos de Hacienda con capacidad para investigar los casos de fraude más sofisticado, sobre todo de los grandes patrimonios, multinacionales y corporaciones empresariales, que –según ellos– son los responsables del 72% del fraude fiscal.
La lucha contra el fraude fiscal debe ser una prioridad de Estado porque altera de manera significativa e injusta la distribución de la renta, comporta un exceso de carga sobre los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales y supone menos dinero para la prestación de servicios públicos.