El Gobierno intenta impedir la investidura de Puigdemont
El Ejecutivo recurrirá hoy al TC la propuesta para votar al expresident Ignora al Consejo de Estado, que no apoya la impugnación preventiva
La estrategia del Gobierno para impedir la investidura del cesado president Puigdemont sufrió ayer un tropiezo a cuenta del Consejo de Estado, que estimó improcedente la interposición de un recurso preventivo. El Ejecutivo, en todo caso, no se detendrá. Considera que el citado dictamen, pese a desaconsejar la iniciativa preparada por la Abogacía del Estado, no debe ser atendido. Por tanto, hoy se presentará el recurso de inconstitucionalidad, considerando que dicho informe es preceptivo, pero no vinculante.
La situación resultante es, en todo caso, insólita. Es muy infrecuente –podría decirse que carece de precedentes–, que el Gobierno actúe contra el criterio del Consejo de Estado en cuestiones especialmente sensibles. La patata caliente, en cualquier caso, va a pasar ahora a manos del Tribunal Constitucional (TC). La determinación del Gobierno de seguir adelante con el recurso supondrá que haya de ser el TC la institución llamada a frenar preventivamente –o no– la candidatura de Puigdemont.
La decisión clave, a este respecto, es la admisión o no a trámite de la impugnación del Gobierno. Si se admite a trámite el recurso, la suspensión de la medida impugnada es inmediata, porque el Ejecutivo presentará la correspondiente solicitud de que se aplique el artículo 161.2 de la Constitución, que prevé dichos efectos. Ese es, de hecho, el objetivo que busca el Gobierno al mantener su iniciativa, pese a las objeciones del Consejo de Estado. El propósito del recurso es impedir la candidatura de Puigdemont, con independencia de todas las hipótesis derivadas, en el sentido de que se intente por vía telemática o encargando su defensa a una tercera persona.
Por tanto, si el Gobierno logra que el Constitucional impida la candidatura de Puigdemont, al admitir a trámite el recurso, habrá conseguido que prospere su verdadero objetivo, aunque para ello tenga que sufrir críticas por no haber seguido el dictamen del Consejo de Estado. Para el Ejecutivo, el coste de la decisión es ahora un asunto secundario. Lo importante es cerrarle el paso a Puigdemont. A este caso se aplica, por tanto, la cláusula “cueste lo que cueste”.
El Gobierno, sin embargo, asume un riesgo muy serio al seguir adelante. Y ello porque pudiera ocurrir que el Constitucional no admitiese el recurso a trámite. El TC tiene una mayoría conservadora clara, pero también cuenta, al otro lado de la balanza, con una jurisprudencia consolidada en contra de actuaciones a título preventivo. ¿Qué pesará más en este caso? ¿Puede variar el Constitucional su propia jurisprudencia? Y, por otra parte, ¿qué consecuencias podría tener que tras las objeciones del Consejo de Estado viniera una negativa del Constitucional a admitir a trámite el recurso y, por tanto, a suspender la candidatura de Puigdemont?
Todas estas preguntas circularon ayer por las sedes gubernamentales, en una tarde de nervios como no se veía desde el 1-O y la posterior aprobación de la declaración unilateral de independencia (DUI). Desde primera hora trascendió que el Consejo de Estado ponía objeciones al propósito del Ejecutivo de recurrir hoy mismo contra la propuesta de Carles Puigdemont como candidato a la investidura, acordada por el presidente del Parlament, Roger Torrent. Y la relevancia del dictamen desfavorable dejó en segundo plano otras consideraciones del Consejo de Estado que, llegado el caso, sí pondrían obstáculos insalvables para la efectiva investidura de Puigdemont.
Tales obstáculos provendrían de que el dictamen considera que dicha investidura se haría con vulneración de la Constitución si se acudiera al voto telemático o a la presentación del programa del futuro Govern por persona interpuesta. Es decir, por delegación. La tesis del Consejo de Estado, favorable en esto al Gobierno, es que en tales supuestos sí estaría justificado el recurso de inconstitucionalidad, porque ya no se estaría actuando de forma preventiva, sino contra hechos concretos inconstitucionales. El problema, en todo caso, es que en situaciones como las descritas pudiera ocurrir que el recurso de
PUNTUALIZACIÓN RELEVANTE El dictamen ve motivos para el recurso pero no en el actual momento
CUMPLIMIENTO DISCRECIONAL El informe es preceptivo aunque no vinculante para el Gobierno
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL El veredicto del Consejo puede poner en un aprieto a los magistrados del TC
DEMORA
Si la investidura no se recurre preventivamente, se podría celebrar
inconstitucionalidad no llegara a tiempo de impedir la votación del Parlament. La consecuencia de todo ello sería que no se habría producido una investidura con eficacia jurídica, porque habría un recurso inmediato y, con toda seguridad, una admisión a trámite por parte del TC y una suspensión de lo votado. Pero el acto parlamentario en sí, con todas sus consecuencias no legales, pero sí políticas, ya se habría producido. Lo sustancial, en suma, es que de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado la investidura de Puigdemont será impugnable si se produce de forma telemática o por delegación. Pero hasta ese momento, su simple candidatura no debería ser ahora objeto de recurso.
El Gobierno ya se veía resignado a no poder actuar de manera pre-
ventiva, y hasta que no se produjeran actos jurídicos recurribles, cuando Mariano Rajoy optó de buena mañana por mover ficha y desplegar una nueva tormenta judicial para tratar de impedir, por tierra, mar y aire, que Puigdemont le pueda volver a meter otro gol por la escuadra.
El presidente del Gobierno reclamó con la máxima urgencia al Consejo de Estado el preceptivo informe para interponer ante el TC la impugnación de la resolución del presidente del Parlament, Roger Torrent, publicada el pasado martes, que propone a Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat. Con el informe sobre la mesa, el Consejo de Ministros preveía aprobar hoy volver a llamar a las puertas del TC. “La interposición de este recurso conllevaría la suspensión de esa decisión”, advirtió por la mañana desde la Moncloa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La respuesta del Consejo de Estado a última hora de la tarde supo a rayos y truenos en la Moncloa. Pero no alteró los planes. Y es que, a su juicio, el informe “avala los argumentos jurídicos” del Gobierno, pese a que “discrepa sobre el momento temporal de hacerlo”. En la Moncloa, en todo caso, subrayaron que el informe “es preceptivo, pero no vinculante”. Y confirmaron la intención de que el Consejo de Ministros apruebe hoy el recurso al TC.
El fundamento al que se aferra el Gobierno, según explicó Sáenz de Santamaría, es que “el estatus jurídico actual de Puigdemont es incompatible con su comparecencia personal” en el Parlament, “ya que pesa sobre él una orden judicial de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en territorio español”. “Carece, por tanto, del derecho de libertad deambulatoria que le permitiría acudir a esta comparecencia”, argumentó. Este argumento jurídico, destacó, “se pone de manifiesto en la circunstancia insólita” de que Torrent tuviera que acudir el pasado miércoles “ni más ni menos” que hasta Bruselas para evacuar consultas con Puigdemont.
“Torrent debería haber tenido presente que Puigdemont no puede entrar en territorio español sin que se haga efectiva una orden de detención, así que no concurren en él las circunstancias que permitirían una investidura presencial”, insistió Sáenz de Santamaría. En la Moncloa consideran que Torrent no puede proponer legalmente a Puigdemont como candidato, “esté donde esté”. Su pretensión, por tanto, es forzarle a proponer otro aspirante a la presidencia de la Generalitat. Y a toda velocidad, porque el plazo expira el próximo miércoles.
Rajoy telefoneó a Pedro Sánchez para informarle previamente de su iniciativa. El líder del PSOE se encontraba en Los Ángeles, donde por la tarde intervino en un debate sobre la situación política de Catalunya en la University of Southern California. La dirección del PSOE comunicó su respaldo a las medidas puestas en marcha por el Gobierno. Y tras su anuncio, la propia Sáenz de Santamaría telefoneó al líder del PSC, Miquel Iceta, con quien mantiene fluida comunicación. Rajoy, en cambio, no llamó ayer al líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
OBJETIVO DE LA MONCLOA
El Ejecutivo trata de forzar a Torrent a proponer otro candidato a president
NO HUBO LLAMADA A RIVERA Rajoy telefoneó a Sánchez en California y Sáenz de Santamaría informó a Iceta