Llarena ordenó incautarse de los correos de todo el Govern
La Guardia Civil examina todos los e-mails de abril del 16 a octubre del 17
El juez instructor del caso 1-O, Pablo Llarena, ha incluido en su investigación la incautación de todos los correos electrónicos enviados o recibidos por los exmiembros del Govern entre el 28 de abril del 2016 y el 27 de octubre del 2017. Ese fue el objetivo del registro efectuado el pasado miércoles en la sede del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), en paralelo a los realizados en las instalaciones respectivas de la ANC y Òmnium.
Obviamente, el propósito de la obtención de todo ese tráfico de mensajes consiste en reunir material probatorio que sustente, en su caso, las acusaciones a las que se refiere la investigación, relativa a los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación. Los correos reunidos son muchos miles, por lo que su análisis puede llevar semanas, si no meses. Y eso, el “examen y análisis” de tales documentos es lo que el magistrado Llarena encargó a la Guardia Civil cuando le dio las correspondientes órdenes de entrada.
La orden dada por el juez incluye también el análisis de todos los correos que se hayan obtenido que estén relacionados con Artur Mas, Marta Rovira, Anna Gabriel y otros dirigentes que están siendo investigados en la causa, hasta un total de 32 personas. Todas estas diligencias son las que formaban parte de la pieza declarada secreta por el juez a comienzos de enero. También se interesaron los correos de los miembros de la Mesa del Parlament durante la anterior legislatura.
La resolución del magistrado Llarena subrayaba que “la relevancia penal de las conductas que se investigan, que han supuesto la ruptura de la cohesión social y política que sustenta la Constitución” justifica “el acceso, examen y análisis de la correspondencia electrónica mantenida por los investigados, por ser el principal instrumento subsistente que posibilita objetivamente confirmar o refutar los indicios de que se dispone”.
Llarena también pidió datos de los correos de otras personas que, no figurando entre los investigados, tuvieron relación con el proceso soberanista, entre ellos el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi i Sunyer, el exsecretario de Economia Pere Aragonès, el exdirector de la oficina del expresident Artur Mas, Joan Vidal, y los directores de las oficinas para el autogobierno Victor Cullell y Josep Maria Reniu. El juez sostiene que tales personas estaban “directamente” vinculadas con “las actuaciones ejecutivas desplegadas para la consecución de los objetivos secesionistas.
En otra resolución, Llarena ha rechazado investigar si se produjo malversación en el pago de las fianzas abonadas por la ANC y Òmnium, y ha considerado que no procede en este momento imputar en el Tribunal Supremo (TS) al exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y al ex número dos de Junqueras Josep Maria Jové. Paralelamente, la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya ha presentado un recurso en el que pide que se anule la decisión de incluirla entre los investigados por el TS por un supuesto delito de rebelión.
El juez cree que no es el momento de sumar a Trapero y Jové a la lista de imputados en el Supremo