Las tribulaciones de Lula
LA justicia ha prohibido al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), ausentarse del país. En una de las siete causas judiciales en las que se halla incurso el fundador y líder del Partido de los Trabajadores (PT), la que investiga el presunto tráfico de influencias a favor de la empresa sueca Saab para la compra de cazabombarderos, el juez federal ha ordenado la retirada del pasaporte de Lula en vigilias de su viaje a Etiopía para asistir a un congreso sobre el hambre en el mundo. Se da la circunstancia que el pasado miércoles otro tribunal le aumentó la pena de cárcel de 9 a 12 años por otro caso de corrupción relacionado con la compañía Petrobras.
Frente a esta ofensiva judicial contra el expresidente, la cúpula de su partido ha cerrado filas y le ha nominado candidato a las elecciones presidenciales para el próximo otoño, unas elecciones para las que los sondeos le otorgan el cartel de favorito. Lula, a pesar de los casos de corrupción que le afectan, sigue manteniendo un notable nivel de apoyo –un 36%– en la intención de voto, muy por encima de sus posibles rivales. Y es que el expresidente goza de mucha popularidad por su lucha contra el hambre en Brasil, de una parte, y porque durante sus años de gobierno creció notablemente la clase media urbana brasileña; aunque, lógicamente, los casos de corrupción que le afectan le han debilitado políticamente.
La situación judicial de Lula es en la actualidad de condena a prisión, pendiente de recursos de segunda instancia que pueden alargar el proceso e incluso, hipotéticamente, podrían declararlo nulo. En el caso de perder esos recursos, Lula podría solicitar el habeas corpus y recurrir ante el Tribunal Supremo federal, con lo que el tiempo procesal se iría más allá del 7 de octubre próximo, fecha de las presidenciales, siempre en el caso de que su candidatura no fuese impugnada. De ganar las elecciones, Lula no iría a prisión –hasta terminar su mandato– puesto que en Brasil un presidente no puede ser encarcelado por delitos cometidos previamente al ejercicio de su cargo.
Por tanto, es lógico que Lula, de 72 años, y el PT traten de alargar los recursos judiciales hasta la celebración de las elecciones, con opciones de ganarlas, y evitar así su ingreso en prisión. Aunque sea constitucional, ningún país merece tener un presidente condenado. De ocurrir, se daría la paradoja de que su sucesora, Dilma Rousseff, habría sido apartada de la presidencia del país por delitos similares a los de Lula, pero por una argucia constitucional este último quedaría temporalmente libre.