Fin de una era
Ricardo Costa confirma el fracaso del modelo político corrupto del PP de Francisco Camps en Valencia
Ricardo Costa logró el pasado miércoles en la Audiencia Nacional cerrar, en el terreno simbólico, un largo y doloroso capítulo de la historia política valenciana que ha tenido tremendas consecuencias en una sociedad hastiada de la corrupción. Sus palabras, en las que reconocía la financiación ilegal del PP valenciano y acusaba a Francisco Camps como la X de esta trama corrupta, tuvieron, para mucha gente, un cierto efecto balsámico. Años de sospechas, de investigaciones policiales y judiciales, de combate de la oposición de la izquierda contra el poder absoluto de un PP hegemónico y de agotadoras pesquisas periodísticas se veían confirmadas. Nunca antes un testimonio de un alto cargo político había resultado tan clarificador sobre la corrupción.
El PP valenciano se conjuró para delinquir durante años, especialmente durante la presidencia de Camps, en toda la Administración valenciana, infectando de corrupción todas las instituciones (la Generalitat, las tres diputaciones, los principales ayuntamientos, las cajas de ahorros) hasta hundirlas, además de numerosas empresas públicas. Los casos son numerosos –Gürtel (varias piezas), Fitur, Cooperación, Imelsa, Fórmula 1, Taroncher, etcétera– y hay decenas de imputados –entre estos dos expresidentes autonómicos, Francisco Camps (Fórmula 1) y José Luis Olivas (Bankia y Banco de Valencia)–, y de acusados , de los que algunos ya están en prisión, como Rafael Blasco, que llegó a ser pieza clave del PP valenciano. Casi toda la cúpula de los ejecutivos de Camps están bajo investigación judicial. No existe un caso igual en España.
Costa, ex secretario general del partido en la comunidad, sólo declaraba sobre el caso de Gürtel referido a la presunta financiación ilegal del PP valenciano en las campañas electorales autonómicas del 2007 y generales del 2008, pero su testimonio ratificaba un método, una época, un modelo, un sistema. Una poderosa maquinaria de saqueo, en palabras del periodista Sergi Castillo, que contó con la complicidad de grandes empresarios, principalmente del ladrillo, y de funcionarios. Una dinámica que, años después, una vez descubierta e investigada, acabaría por hundir al PP valenciano y, en paralelo, deteriorar la reputación de la comunidad, de los valencianos, al fin. Por eso la declaración de Costa tenía ese efecto terapéutico señalado: los valencianos no eran corruptos, ni los militantes del PP, lo eran sus dirigentes, los mismos que habían logrado organizar una trama que se sirvió de los recursos públicos para financiar el partido y para enriquecer muchos bolsillos privados, con millones de euros; más de 12.000 millones, según las investigaciones de Castillo.
El paso de los años, y el cambio político acontecido en mayo del 2015, en la que la izquierda apartó al PP de las principales instituciones políticas, han ayudado a conformar una perspectiva más objetiva, más elaborada, más clara, de lo que fue el tiempo en el que el PP quiso convertir a Valencia en el centro del mundo, a cualquier precio. Y en el que este partido logró convertirse en hegemónico, casi sistémico, con victorias aplastantes (en campañas pagadas con dinero negro) y con enormes complicidades sociales, ahora bajo sospecha.
Camps llegó a la presidencia de la Generalitat y del PP valenciano en el año 2003, como sustituto definitivo de Eduardo Zapalana. Arropado por Rita Barberá, su mentora, activó el turbo intentó anestesiar a gran parte de la sociedad valenciana con la profusión de grandes eventos: la fórmula 1, la visita del Papa, Copa América, o con grandes iconos arquitectónicos como el Palau de les Arts (con un 600% de sobrecostes), de Santiago Calatrava. Valencia lo quería ser todo, y los valencianos consideraban, según las encuestas, que el PP era el partido que mejor representaba y defendía sus intereses. Por eso arrasaban en las urnas, mientras la izquierda del PSPV se consumía en cainitas batallas internas.
Hubo un dramático episodio que causó graves grietas en ese modelo. Fue el accidente de metro que en julio del 2006 acabó con la vida de 43 personas. En la València más idílica se producía una tragedia que se podía haber evitado, según la comisión de investigación de las Corts Valencianes. Ni siquiera la denunciada manipulación del extinto y poderoso Canal 9 podía ya evitar que muchos valencianos sintieran que el relato construido por la derecha se diluía en la realidad.
El año 2008 las grietas se convertían en fractura. El modelo comenzaba a dar señales de agotamiento en paralelo al estallido del boom inmobiliario. La crisis económica arruinaba a decenas de miles de valencianos. Y en la política española comenzaba a hablarse de un caso que estaba investigando el juez Baltasar Garzón: Gürtel. La movilización social comenzaba a tomar forma crítica, para inquietud del PP. Al modelo de fantasía se oponía una realidad que comenzaba a emerger, la de los barracones, la de las sospechas de corrupción, la de un endeudamiento que hacía crujir las cajas de ahorros controladas por el partido hegemónico.
A pesar de las evidencias, el PP estatal arropaba a Francisco Camps y Rita Barberá. En el año 2008, el president valenciano era una figura en alza, muy influyen-
La corrupción del PP contaminó todas las instituciones y deterioró la imagen de Valencia
La sociedad despertó cuando se evidenció que el modelo del PP se había construido sobre una irrealidad
te, y lograba que Mariano Rajoy fuera reelegido presidente del partido, en un acto pagado con dinero negro en la Feria de València. El caso Gürtel avanzaba y meses después comenzaba la instrucción del caso de los trajes. Investigación que obligaría a Francisco Camps a abandonar la presidencia de la Generalitat y del partido en julio del añóo2011.
Fue absuelto. Y el PP valenciano siguió apostando por ese modelo que ya se hundía a ojos de una sociedad que comenzaba a comprender la dimensión del engaño. Se sucedían los casos de corrupción, todos protagonizados por dirigentes de este partido. El PSPV reaccionaba, y Compromís y Esquerra Unida enseñaban los dientes a unos políticos que seguían ejerciendo el poder con formas de otro tiempo, mientras en la calle las manifestaciones se sucedían. Llegaba el 15-M y la primavera valenciana, en la que centenares de adolescentes valencianos eran aporreados de manera brutal por la policía por defender una mejores condiciones en la educación valenciana.
La sociedad civil comenzaba a dar la espalda al Partido Popular y se acercaban las elecciones del 2015. La tormenta perfecta, en palabras del profesor Josep Vicent Boira, se había cebado con los valencianos, y los valencianos comprendían que gran parte de la responsabilidad de la crítica situación de su comunidad –económica, social y de reputación– tenía un nombre: PP.
El cambio político supuso un cambio de ciclo, y con él un cambio de modelo, hoy garantía de transparencia e imán para la implantación de empresas, muchas llegadas de Catalunya. El periodista Víctor Maceda lo explica con detalle en su libro El despertar valencià: la misma sociedad antaño seducida por un partido hegemónico hasta los más pequeños rincones del poder reaccionaba para construir una Comunidad Valenciana mejor. Se deseaba apartar al PP de las instituciones, y se ejecutaba en mayo del 2015. Un dato: la ciudad de València, cuna del anticatalanismo y gobernada durante cinco legislaturas por Rita Barberá, pasaba a estar gobernada por un alcalde, Joan Ribó, de Compromís.
La historia ofrecía un nuevo capítulo, pero todos los imputados, investigados y condenados del PP negaban la realidad que policías, jueces, fiscales, políticos y periodistas habían certificado. Por eso es fundamental la declaración de Ricardo Costa, porque el que fue mano derecha de Francisco Camps ha verbalizado el modo en el que el PP delinquió para construir su enorme poder, y en paralelo la fantasía que muchos creyeron. Quedan casos por investigar y otros que surgirán. Pero ya nadie tendrá dudas de que el PP valenciano se corrompió contaminando las instituciones y dañando a los valencianos. Esa es la verdad.
El cambio político ha servido para recuperar la credibilidad de las instituciones