Hacerse cargo
La sucesión de episodios partidarios, autos judiciales, decisiones institucionales, movilizaciones ciudadanas e impostaciones varias en torno al procés transmite el mensaje de una pugna a varias bandas por hacerse con el control de la situación. Pero junto a ello cunde también la sensación de que, en realidad, nadie quiere hacerse cargo de Catalunya. Una sensación que va a más a medida que transcurren los días, y ni el independentismo pendiente de Puigdemont ni la aplicación del 155 por el Gobierno Rajoy consiguen transmitir confianza en una sociedad conminada a expresarse mediante la división. La contradicción principal –entre el secesionismo y el constitucionalismo– y las secundarias –que afectan tanto al nacionalismo como al que este denomina unionismo– contribuyen a responsabilizar únicamente a los demás del actual estado de cosas, desentendiéndose cada cual de sus consecuencias. Catalunya padece de manera extraordinariamente aguda las crisis superpuestas que atenazan hoy a la mayoría de las democracias liberales. A las crisis de representación, a los efectos de la crisis económica, a las transformaciones introducidas por los cambios tecnológicos en el ámbito del trabajo, a la volatilidad de determinados paradigmas culturales, se ha sumado una profunda crisis de identidad colectiva, una crisis de los partidos, una crisis de valores sobre lo que es posible en un sistema de libertades. Y al ocaso de la clase dirigente heredada de la transición –por muerte civil, huida u omisión– no le ha correspondido una renovación generacional que ofrezca un mínimo de solvencia en medio del marasmo desencadenado desde el 2012.
Que nadie quiere hacerse cargo de Catalunya es, antes que un reproche moral, una constatación derivada de la lectura de los hechos y de las palabras que describen una espiral elusiva, compartida por los principales actores. La insistencia independentista en recrear, aunque sea con un tono menos rupturista, el proceso constituyente de una república propia representa, en su ninguneo a la otra mitad del país, la esencia misma de la indiferencia hacia la suerte de los catalanes en su conjunto. La intervención del Gobierno central, en virtud del artículo 155, supone un mecanismo de control que, en razón de su propia excepcionalidad, y en nombre de lo fundamental –cumplir y hacer cumplir la ley–, se desentiende de demasiados problemas que aquejan a los ciudadanos rescatados. El traslado efectivo de la sede social de un sinnúmero de empresas más o menos señeras tiene que ver también con el vacío generado en la dirección del país, en tanto que el poder instituido de la Generalitat no quiso saber nada del tema, y sus protagonistas consideraron natural no advertir sobre sus intenciones.
Los capítulos aparte que cada día nos brinda el expresidente Puigdemont en cuanto a eso de no hacerse cargo de Catalunya tampoco deberían ocultar todo lo demás que ocurre, en parte por su impulso y en parte a su pesar. Hay algo peor que la política profesional; es la política de aficionados. Sean estos entusiastas de toda la vida o sólo pasen por ahí de camino a otra parte. El desfile de nombres al frente del independentismo no se debe únicamente al juez Llarena. Parecía que para el 26 de octubre el independentismo ya había depurado sus filas. Pero no fue así. Desde entonces ha seguido el gota a gota de bajas en la primera y en la segunda fila del procés, de relevos continuos y de recolocaciones propias de un régimen endogámico de poder e influencia. El amateurismo está presente también entre los constitucionalistas y entre los comunes. Se demuestra cada vez que los del PP instan a Arrimadas a presentarse a la investidura, tanto cuando los primeros la emplazan a hacerlo como en los argumentos que expone esta para sortear tal compromiso.
La causa última de que Puigdemont continúe aspirando a ser investido al frente de la Generalitat está, precisamente, en la inanidad del resto de los actores de la política catalana y en la ausencia de contrapesos dirigentes en la sociedad civil. Él no tiene la culpa de lo que sucede; porque su bloqueo personal sobre la XII legislatura permite también pasar por alto el vacío reinante, en la república y en la monarquía. Por irrisoria que resulte la sobreexposición a distancia del residente en Bélgica y sus contradicciones, lo deplorable es que nadie quiera hacerse cargo de Catalunya, más allá de la retórica al uso. Porque lo que permite a Carles Puigdemont confundir la complicada suerte que le espera ante la justicia con su reivindicación del legitimismo vía suma de voluntades parlamentarias inciertas es que estas son realmente inciertas.
Puigdemont sigue aspirando a ser investido debido a la inanidad del resto de los actores de la política catalana