Jubilación de oro
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha solicitado el embargo de 2,9 millones de euros correspondientes al plan de pensiones del expresidente del Banco Popular Ángel Ron a fin de asegurar las posibles responsabilidades civiles derivadas de la causa que investiga su gestión.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha solicitado el embargo de 2,9 millones de euros correspondientes al plan de pensiones del expresidente del Banco Popular Ángel Ron a fin de asegurar las posibles responsabilidades civiles derivadas de la causa que investiga su gestión en la entidad, ahora en manos del Banco Santander.
Andreu recoge en el auto que es “un embargo preventivo por la celeridad que requiere el asunto”. Este embargo ha sido solicitado por la Fiscalía Anticorrupción. La póliza de seguros está en manos de la compañía Allianz y Ron “la ha reclamado”. De hecho, ha sido la propia compañía aseguradora la que ha comunicado al juzgado la solicitud del expresidente Ángel Ron de cobrarla. El aviso se hace ante “la notoriedad de las querellas presentadas contra Ángel Ron y la posibilidad de que pudiera llegar a entenderse que la prestación de pago derivada de la póliza constituya una retribución de su cargo como consejero del Popular y, llegado el caso, considerada ilícita, como el resto de conceptos salariales objeto de la investigación”.
Esta medida se ha activado en el marco de una investigación separada que indaga la ampliación de capital de 2.505 millones del ejercicio 2016 llevada a cabo por el consejo de administración que presidía Ángel Ron y del que era su máximo responsable. Al margen de la investigación mencionada, el juez Andreu abrió una segunda por posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer las acciones y obtener beneficios, ya con Emilio Saracho en la presidencia. Las acusaciones atribuyen a Ron, Saracho y a los respectivos consejos de administración y la firma auditora PwC presunta falsedad societaria, administración desleal, falsedad documental y un delito contra los consumidores y el mercado, si bien ninguno de los investigados ha sido citado a declarar hasta ahora.