El Raval, contra los narcopisos
La batalla entre narcotraficantes que ocupan pisos vacíos y los vecinos que luchan contra la presencia constante de la droga se inició en Barcelona cuando los habitantes del casco antiguo perdieron el miedo. Entidades como Acció Raval o la asociación de vecinos, entre otras, son las responsables de que los ciudadanos que sufren el narcotráfico se hayan decidido a denunciar un estado de cosas que destroza la convivencia.
Así, los vecinos han realizado un mapa de puntos de venta de droga; someten a vigilancia pisos sospechosos; tratan de frenar okupaciones por bandas mafiosas y se ayudan para instalar puertas que dificulten la entrada de traficantes en sus edificios. Esta creciente presión vecinal, que incluye una invitación a los grupos municipales a narcotours por el barrio –están pendientes de la cursada a la alcaldesa Colau– ha empujado a Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana a replantear las estrategias.
El núcleo de la batalla ahora es la lentitud de la justicia. Vecinos y policías tratan de que los jueces asuman que un narcopiso es una herramienta para delinquir y no sólo una plataforma que lo hace posible. Un cambio de interpretación legal que agilizaría trámites. Sabido es que la ley española, muy garantista afortunadamente, obliga a los jueces a ser prudentes y, en el caso que nos ocupa, la policía debe demostrar con hechos que se ha cometido un delito. Vecinos y policías piden que, si se demuestra que un piso es una plataforma de tráfico de droga, la justicia ordene su cierre de forma cautelar; también que si los narcos rompen un precinto de una vivienda, la policía pueda entrar de inmediato y detener a sus moradores. Son medidas sensatas que no atentan contra las necesarias garantías de la justicia.
En definitiva, de lo que tratan los vecinos es de evitar que los delincuentes vayan un paso por delante suyo, al darse la circunstancia de que los narcotraficantes cambian constantemente sus estrategias. Por ejemplo, conocedores de que la justicia tiene un andar lento, ocupan pisos que abandonan al cabo de poco –seis meses, por ejemplo– para repetir la operación en otro lugar. U obligan a los compradores de droga a consumir en el piso donde trafican para evitar que la policía que vigila el inmueble los detenga con la droga en el bolsillo y puedan denunciar a quienes se la vendieron.
Esta batalla vecinal, similar a la que se plantea en barrios de Madrid, Sevilla o Valencia, debe ser respaldada por las autoridades políticas y judiciales, de forma que dificulte el negocio a los delincuentes. Un objetivo prioritario.