Santi Vidal admite que el contenido de sus conferencias “no era real”
Viver Pi-Sunyer dice al juez que avisó al Govern de que incurriría en desobediencia
Con Santi Vidal empezó todo. Las palabras pronunciadas por el exjuez y por entonces senador de Esquerra en varias conferencias en las que desvelaba las presuntas prácticas del Govern para lograr poner en marcha la independencia desencadenó una profunda investigación sobre los preparativos del referéndum y la creación de las estructuras del nuevo Estado. En la causa se mantiene imputados a una treintena de altos cargos de la Generalitat y empresarios que participaron de la organización del 1 de octubre. El contenido de aquellas conferencias desató la apertura de la causa judicial. Era febrero del 2017, cuando el juzgado de instrucción 13 decidió investigar la certidumbre de aquellas palabras de Vidal en las que, jaleado por los suyos, proclamaba que la Generalitat contaba con los datos fiscales de los catalanes, descubría una partida oculta de 400 millones de euros para el referéndum y destapaba la elaboración de una lista de 300 jueces catalanes dispuestos a unirse a la causa soberanista.
A pesar de que la instrucción se inició con la imputación de Vidal, del exasesor jurídico del Govern Carles Viver Pi-Sunyer y del secretario de Hisenda, Lluís Salvadó, después de que el juez aceptara una querella del partido de ultraderecha Vox y otra del expresidente de la ONCE Miguel Durán, los dos primeros fueron citados ayer a declarar. Un año y una treintena de imputados después, el exmagistrado Vidal decidió responder a las preguntas de su abogada, Olga Tubau, al estimar que todavía no se han focalizado los delitos que se atribuyen indiciariamente contra él, puesto que la querella de Vox describía un amplio abanico de delitos que van desde de revelación de secretos, malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación hasta la sedición y la rebelión. Este último delito fue descubierto por el juez el pasado domingo
en la última ronda de declaraciones contraviniendo la advertencia que lanzó hace meses la Audiencia Nacional de que ese delito sólo podía ser investigado por ese tribunal o por el Supremo.
En su declaración de ayer, Vidal
aprovechó para desdecirse de lo que afirmó en las conferencias. Declaró que eran charlas en las que se hablaba de ideas de futuro, pero que no tenían por qué ser ciertas. Eran hipótesis de trabajo que estaban sobre la mesa, pero que no reflejaban
los planes del Govern. El exsenador reconoció que fue un error hablar en presente cuando en realidad debería haberlo hecho en futuro. Vidal, aunque muchos meses más tarde, se sumó así al desmentido que tuvo que hacer el entonces vicepre- sidente Oriol Junqueras para zanjar una polémica que amenazaba con dar al traste con los planes del Govern. “Las afirmaciones de Vidal han hecho mucho daño al Govern”, reconoció en el Parlament.
Era un contexto todavía de incertidumbre sobre cómo se iba a celebrar el anunciado “referéndum o referéndum”, cuyo resultado vinculante se anunciaba que se iba a aplicar. En ese contexto, precisamente, excusó ayer Vidal el contenido de sus conferencias. Tenían el ánimo de responder con cierto atrevimiento a las interpelaciones que le formulaban en las charlas promovidas por Esquerra, la ANC y Òmnium.
El siguiente en declarar fue el exasesor jurídico del Govern Carles Viver Pi-Sunyer, que ostentó el cargo de presidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional. La
El exasesor de la Generalitat aconsejó en los aspectos jurídicos de las leyes del Referéndum y Transitoriedad
Guardia Civil le sitúa en varios informes como el cerebro jurídico del proceso soberanista. Su domicilio fue uno de los registrados el 20 de septiembre junto a la Conselleria de Economia, donde se produjo la manifestación que acarreó la imputación y encarcelamiento de los Jordis. Ayer, ante el juez, Pi-Sunyer reconoció que aconsejó al ejecutivo catalán respecto a los aspectos jurídicos relacionados con las leyes del Referéndum y de Transitoriedad que fueron aprobadas por el Parlament el pasado mes de septiembre. Aun así, matizó que, dentro de su competencia, advertía a las conselleries que no debían publicar un dictamen en el Diari Oficial de la Generalitat, puesto que así devendría una orden ejecutiva de obligado cumplimiento y, por tanto, se incurriría en desobediencia.
Así las cosas, la investigación del juez sigue en marcha. Ayer citó a declarar como imputados a cuatro empresarios relacionados con la confección y distribución de material propagandístico sobre el referéndum del 1 de octubre. Son gestores de empresas de buzoneo e impresión cuyo material fue intervenido por la Guardia Civil los días previos al 1-O.