Estrasburgo condena a España por malos tratos a los etarras de la T4
La sentencia de los jueces de Estrasburgo es contundente. Sin paliativos. Una desautorización expresa de la posición que adoptó en su día el Tribunal Supremo y una condena al Estado español por “tratos inhumanos y degradantes” a dos etarras. Son los responsables del atentado en la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas el 30 de diciembre del 2006, que deberán recibir una indemnización de 50.000 euros.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) considera que los malos tratos se produjeron durante el arresto y la detención incomunicada de Igor Portu y Martin Sarasola. En concreto, la sentencia afirma que “ni las autoridades ni el gobierno aportaron argumentos convincentes o creíbles para explicar o justificar las lesiones sufridas por los demandantes”. El TEDH critica al Supremo español al afirmar que ese tribunal se limitó a descartar la versión de los dos terroristas sin intentar ni siquiera esclarecer si el recurso a la fuerza física por los agentes de la Guardia Civil durante el arresto fue la “estrictamente necesaria y proporcional” ni tampoco si las lesiones sufridas posteriormente eran imputables a los agentes que los custodiaron.
Los dos terroristas, que fueron detenidos en el País Vasco el 6 de enero del 2008 por agentes de la lucha antiterrorista de la Guardia Civil, alegaron que en el traslado hasta el cuartel de Intxaurrondo recibieron “patadas y golpes”, y que más tarde, “fueron golpeados por agentes de inteligencia” del mismo cuerpo de seguridad. Al día siguiente, después de ser examinados por dos médicos forenses, Igor Portu fue hospitalizado y Martin Sarasola trasladado a Madrid, donde quedó en detención incomunicada. Varios informes médicos constataron lesiones que llevaron a Portu a necesitar atención médica durante 27 días, 5 de los cuales en el hospital. Sarasola requirió 14 días para recuperarse. Actualmente los dos etarras cumplen condena en las prisiones de Córdoba y Jaén.
Una primera sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa condenó en el 2010 a cuatro agentes de la Guardia Civil a varias penas “por delitos de torturas graves”, pero un año después el Tribunal Supremo revocó las condenas. Su argumento principal fue que las lesiones se produjeron por la violencia ejercida durante el
El tribunal señala que las autoridades “no aportaron argumentos creíbles para explicar o justificar las lesiones”
arresto, y que las denuncias de malos tratos procedían de las órdenes dictadas por la organización terrorista ETA, que mantenía la política de formular sistemáticamente falsas denuncias de torturas contra la policía española.
Los jueces de Estrasburgo no comparten ese criterio y las califican de malos tratos, sin llegar a la categoría de torturas, porque las lesiones no tuvieron consecuencias a largo plazo. Es una decisión adoptada por 4 votos contra 3. Los tres jueces discrepantes son más duros y consideran que las lesiones infringidas a los dos terroristas por la Guardia Civil sí que entrarían en la categoría de torturas.